En el último informe de IDESA referido a la pobreza, se propone la limitación para seguir transfiriendo ingresos a los hogares donde los niños no reciben cuidados elementales en salud y educación. El informe consigna que en estos casos la transferencia de ingresos no es un acto de solidaridad, sino de hipocresía, y significa resignarse a la reproducción intergeneracional de la pobreza. Para dialogar sobre el tema, desde FM Vos (94.5) y Diario San Rafael entrevistamos a Patricio Canalis, economista de IDESA.
“El informe puntualiza que si el gasto asistencial que ejecutan los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, alcanzaría de alguna manera para eliminar la pobreza que hay en Argentina. A principio de 2022, para terminar con la pobreza se necesitaba una cifra de ciento cuarenta mil millones de pesos al mes, es decir que, si se repartiese ese dinero entre las familias pobres, con eso dejarían de serlo y podrían alcanzar la canasta básica. Pero si vemos cuánto gasta el Estado para terminar con la pobreza, vemos que quedaríamos en un número muy cercano a esos ciento cuarenta mil millones. Por un lado, tenemos los gastos que hace el gobierno nacional, donde quedan incluidas AUH, Tarjeta Alimentar, Fortalecer Trabajo, etc.; ya tenemos noventa mil millones solo en la Nación. Y si a eso le sumamos el gasto asistencia que hacen las provincias, veremos que es más o menos treinta mil millones. No incluimos los planes que otorgan los municipios porque no tenemos estadísticas certeras. O sea que estamos en cifras cercanas, y aun así tenemos un 37 % de pobreza. Eso indica evidentemente que hay desvío de fondos hacia algún otro lado derivado esto de la mala gestión pública. No quiero decir que sea adrede, pero la principal causa es la superposición de programas entre Nación, provincia, y municipios” explicó el profesional.
Canalis continuó expresando que “Para dar solo un ejemplo, en nuestro informe ponemos que en Buenos Aires una misma familia puede cobrar AUH, la Tarjeta Alimentar, el plan Potenciar Trabajo, y además la Ciudanía Porteña. Este plan tiene las mismas características que la Asignación Universal por Hijo, pero lo ejecuta el gobierno de la Ciudad, es decir que los cuatro planes que podría llegar a cobrar esa familia tienen el mismo objetivo, que es sacar a la familia de la pobreza, pero los cuatro se gestionan por cuatro canales diferentes. ¿Qué es lo malo de esto…? Bien, además de ser tortuoso para las familias porque tienen que probar tres o cuatro veces de que son pobres, es también muy caro para el Estado porque duplica gastos administrativos y en empleados públicos, también en comisiones bancarias, y el resultado es que les llega menos plata a los pobres porque mucha se pierde en intermediación. Un claro ejemplo del mal manejo es el Plan Potenciar Trabajo, ya que, para recibir el beneficio, la persona debe recibir el aval de alguien que firme certificando que trabajó para una organización, que en muchos casos son cooperativas manejadas por piqueteros u otras organizaciones sociales, y el desmanejo se produce porque puede que le digan a la persona que asista a una marcha, a cambio de que le firmen el presentismo. O sea que en estos casos el Estado le deriva a un privado (piqueteros) el control de los planes sociales” sentenció Canalis al cierre de la entrevista.
