Un estudio jurídico ubicado en Lugones al 200, San Rafael, fue allanado hoy en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la tramitación de causas judiciales laborales donde, en general, efectivos policiales locales han reclamado a la empresa Provincia ART por presuntos accidentes o enfermedades laborales.
Vale recordar que hace un par de semanas, dos ex agentes de la fuerza, de apellidos López y Olguín, fueron condenados por la justicia ordinaria (después de haber sido exonerados de la Policía) por haber denunciado una lesión autoinfligida para cobrar una indemnización por parte de esa misma aseguradora. Concretamente, en 2019, Olguín aseguró que, durante un procedimiento de la fuerza, una pedrada lo había lesionado en la mano. Posteriormente, las cámaras de video del patrullero en el que circulaban demostraron que López le pegaba con la culata de un arma en la mano a fin de provocarle la lesión. Mientras se investigaba el hecho, el efectivo herido pidió licencia por 45 días y siguió cobrando el sueldo a la espera de percibir la indemnización de la ART, cosa que no ocurrió porque comenzó las causas administrativa y penal en su contra que derivaron en las sanciones a los ex agentes.
En este marco, el fiscal Javier Giaroli –que investigó la causa de López y Olguín- ordenó el allanamiento esta mañana, puesto que estima la posibilidad de que existan otros casos con similares características. Lo que ocupó al representante del Ministerio Público Fiscal fue la cantidad de reclamos de este tipo que existen en el fuero laboral por hechos protagonizados por agentes policiales y con los mismos representantes legales. Además, el fiscal estima que podrían existir falsificaciones de instrumentos públicos (pericias médicas, concretamente) con el fin de perjudicar a la empresa aseguradora y al Estado provincial.
Según pudo saberse, la actuación de al menos dos abogados locales estaría en la mira de la justicia y se espera que en las próximas horas haya más avances al respecto.
