Un total de 92 personas fueron rescatadas luego de un operativo que se realizó en una finca de Malargüe, en el marco de una investigación sobre un posible hecho de trata y explotación laboral.
Hace unos días, en una finca de Malargüe, se llevó a cabo un operativo que puso al descubierto una realidad sombría, una práctica que se creía relegada al pasado: la trata de personas con fines laborales. En medio de la tranquilidad aparente de la región, el fiscal federal Ignacio Sabás lidera la investigación y nos concede una entrevista exclusiva para arrojar luz sobre este oscuro episodio.
“El programa de rescate de personas de víctimas de trata, ya sea laboral o sexual, es fundamental para abordar casos como estos”, comienza explicando el fiscal federal Ignacio Sabás al Diario San Rafael y FM Vos 94.5. La información que posee el fiscal se originó a partir de una denuncia presentada por el RENATRE, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales, señalando que 92 personas estaban atrapadas en condiciones deplorables en el mismo campo donde se llevó a cabo el operativo.
El Fiscal destacó la importancia del informe conclusivo del programa de rescate, que será la base para tomar acciones legales. “Todavía me falta información, pero este informe será crucial para pedir imputaciones por el delito de trata de personas”, adelantó Sabás. Aunque reconoció la existencia de algunas irregularidades, el fiscal subraya que la magnitud del delito dependerá de la conclusión final del informe.
“En principio, sí, habría algunas irregularidades, pero todo eso, lo que se ve, no sé si alcanza a configurar el delito. Es medular este informe que mencioné anteriormente para llegar a una conclusión de pedirle al juez que impute al dueño del establecimiento”, aclaró el fiscal federal.
El foco de la investigación se centra en el contexto laboral en el que se encontraban las víctimas. “Mi jurisdicción abarca San Rafael, Alvear y Malargüe. Desde que asumí como fiscal aquí en San Rafael, no he tenido muchas causas de trata laboral. Eso no es habitual”, señaló Sabás. Añadió que los casos que ha enfrentado son escasos y, curiosamente, suelen ocurrir en épocas de cosecha, como la actual.
En cuanto al número de personas afectadas, destacó que “la información que tengo se trataba de 92 personas”. Un dato impactante que revela la envergadura del problema en esta región aparentemente apacible. Ante la pregunta sobre cuándo se espera contar con el informe completo, el fiscal estima que “un mes será necesario, por lo menos”.
En el supuesto escenario de que el veredicto final de la institución respalde las acciones legales, el fiscal destacó la importancia de erradicar este tipo de prácticas. “Estaríamos en presencia de algo verdaderamente que es parte del pasado, aquí y en cualquier lugar del mundo”, concluyó Sabas.
