Polémica y rechazo. Eso es lo que generó el proyecto de ley presentado este martes por el diputado provincial Gustavo Cairo (La Libertad Avanza), apoyado por Guillermo Mosso y Jimena Cogo (también del bloque de La Libertad Avanza). El mismo propone declarar el 20 de junio como el “Día del Ancla Empobrecedora de Mendoza” en referencia a la sanción de la Ley Nº 7.722.
Esta ley, según estos legisladores, ha tenido un impacto profundamente negativo en la economía y desarrollo de Mendoza al paralizar la actividad minera metalífera. Alegan estancamiento y falta de inversores.
El diputado Jorge Andrés Difonso, impulsor de la ley 7.722, en diálogo con FM Vos 94.5 expresó su enérgico rechazo a la iniciativa.
«Nosotros ya estamos acostumbrados a recibir distintos embates. Muchos de ellos se hacen en un tono descalificador, irrespetuoso y provocador. Obviamente que nos compartimos nada de ese proyecto. Por el contrario, sabemos que la ley 7.722 tiene que ser valorada por todos los mendocinos. Se trata de una normativa que está a la vanguardia en lo que refiere al cuidado del ambiente», dijo Jorge Difonso al inicio del reportaje.
«Precisamente por esta ley Mendoza evitó ser otro Jáchal, localidad de San Juan donde una empresa canadiense Barrick Gold, derramó un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada, mercurio, entre otros metales pesados, sobre el agua de cinco ríos. Nuestra ley no prohíbe la minería, sino que controla y establece parámetros mínimos de controles ambientales, principalmente del agua», destacó.
En ese mismo sentido, expuso los diferentes «ataques» que recibió la ley 7.722 al poco tiempo de su promulgación en la Legislatura. «Al otro día que fue sancionada la normativa, recibió diferentes planteos de inconstitucionalidad e intentos de reforma. Cada vez que está ley estuvo en riesgo, la propia gente de los diferentes oasis de la provincia la salió a defender. Hace poco, la vicegobernadora de la provincia se refirió en términos muy despectivos sobre aquellos que estamos de acuerdo con la reglamentación vigente. El propio gobernador la ha tildado de nefasta, impulsando una reforma del Código Procesal Minero desde Canadá», apuntó Difonso.
«Claramente, desde el gobierno provincial se promueve la actividad minera. No se puede discutir nada al respecto sobre esta actividad y lo referido a las cuestiones impositivas. Parece mentira, pero a los sectores de la minería prácticamente hay que pagarles para que extraigan nuestros recursos naturales», ironizó el diputado.
A su vez, apuntó directamente sobre los impulsores del proyecto catalogado como el «Día del ancla Empobrecedora de Mendoza». «Este 20 de junio se cumplieron 17 años de la promulgación de la ley 7.722. Por eso, aprovechan la fecha para instalar estos agravios que son de muy mal gusto y no tienen ningún sustento legislativo. Todas las actividades pueden desarrollarse, pero con los cuidados y el cumplimiento de las leyes que establecen los controles de acuerdo al impacto ambiental que puedan llegar a producir», sostuvo el legislador.
«Desde hace unos años, se puede observar cierta desidia con respecto a los controles. Hay que tener en cuenta que los daños en algunos casos pueden llegar a ser irreversibles en los oasis. Este tipo de actividades precisan de grandes volúmenes de agua, cuando Mendoza atraviesa una crisis hídrica histórica por debajo de 50% del caudal. El gobierno provincial tiene un interés llamativo en que se llevan adelante los proyectos mineros. En este punto la ley 7.722 cumple un rol esencial en el control de esa actividad», argumentó.
«Con este tipo de declaraciones y proyectos van haciendo un sondeo en lo que respecta a la opinión que tiene la sociedad sobre la ley 7.722. Es muy probable que intenten querer reformarla. Ya tuvimos una reforma del Código Procesal Minero, ahora se habla de que quieren cambiar la Legislación del Agua estableciendo un nuevo código. Son muchas acciones concretas que apuntan a establecer otro tipo de actividad productiva en la provincia. Mientras tanto se deja al abandono al sistema primario productivo e histórico de Mendoza. Las verdaderas decisiones en torno a la lucha antigranizo y la tecnificación del riego son postergadas. El gobierno actual apunta siempre a otra cosa, al desarrollo de la minería». cerró.
