Ante la pandemia por COVID-19, y de acuerdo a las restricciones impuestas en el aislamiento obligatoria, la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Poder Judicial, Marianela Ripa, aseguró que “va a haber consecuencias penales para aquellas personas que utilicen la excepción que tienen los padres separados para trasladar a sus hijos, para otros fines.
“La declaración jurada es para dar fe que uno va a hacer la acción para la cual se está trasladando. La regla es que no hayan traslados que no sean imprescindibles ni necesarios”.
Fuente: Jornada
Ripa aclaró que el chequeo en los controles que se están haciendo en la calle, la policía puede confirmar el traslado del niño al domicilio del otro padre, de maneras menos formales pero igual de efectivas, como hacer que el progenitor cumpla en entregar a los niños en la casa del otro y vuelva a pasar por el mismo control, para que los efectivos puedan confirmar que se cumplió con el traslado. “La declaración jurada, que puede hacerse a mano, con birome, es solo para que se haga más rápidamente el control”, dijo.
También indicó que, si ingresa una denuncia nueva, “el Estado toma conocimiento, toma las medidas de restricción y después se acredita la denuncia”, como manera de prevenir la continuidad de cualquier hecho violento.
Reconoció que, dentro de un hogar donde ya haya existido tensiones en la convivencia, la orden de aislamiento “podría profundizar los problemas en esos hogares, aumentar la tensión y que se provoquen situaciones complejas”. Para eso, pidió cordura a los padres y que “prioricen a los hijos”, e indicó que hay guardias mínimas para atender casos complejos y que uno de los cónyuges puede dejar la vivienda, “por razones de fuera mayor, como estas”.
Además advirtió que “no se van a tomar medidas ni denuncias nuevas sobre impedimento de contacto y régimen de comunicación, ya que es probable que la otra parte no pueda cumplir con lo acordado” y pidió que “facilitemos la comunicación y los acuerdos”.
