El lunes 26 y el martes 27 de mayo se llevará adelante un paro total a nivel nacional en el área de discapacidad. La medida de fuerza abarca a transportistas, centros de día, profesionales e institutos que trabajan con personas con discapacidad, y busca visibilizar una situación crítica que lleva meses sin resolverse. Maximiliano Llorens, transportista sanrafaelino y padre de un niño con discapacidad, dialogó con Diario San Rafael y FM Vos 94.5 sobre los motivos del paro y el profundo impacto que atraviesa el sector.
“Es un paro total, hemos vuelto a llegar a esta instancia porque todavía no tenemos respuesta”, expresó, y recordó que ya el 14 de abril pasado se había realizado una movilización por la misma causa. Desde entonces, “no hemos tenido aumento, seguimos tarde con el tema de las altas de las prestaciones y lamentablemente siguen tirando una soga muy fina que los prestadores de todo el sector estamos pendiendo de un hilo”.
El reclamo se dirige directamente al Estado nacional, que a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDI) tiene la responsabilidad de fijar los aranceles del sector. “La última reunión de directivo fue en diciembre del año pasado, donde se formuló un aumento del 0.8 por ciento, o sea que era como una toma de pelo”, afirmó. Desde entonces no hubo nuevas actualizaciones y, como agravante, “este año también lleva el caso de que estamos demorados con las altas de dichas prestaciones”, lo que impide a los prestadores facturar.
Llorens explicó que los pagos, además, sufren una demora de entre 60 y 120 días desde el momento en que se aprueban las facturaciones, por lo que la situación económica es insostenible. “Hoy se están vulnerando los derechos de las personas con discapacidad. Si los prestadores nos empezamos a caer, los chicos no van a tener dichas prestaciones, sea en mi caso un transporte, sea un centro, sea un profesional, un instituto, lo que fuese”, subrayó.
En paralelo al paro, el 28 de mayo la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley de emergencia en discapacidad. “Tenemos la data de que se va a aprobar, que tenemos la mayoría”, comentó Llorens, aunque advirtió que “cuando llegue a las manos del Presidente Milei, se va a vetar, no nos van a dar bolilla”, debido a la política de “déficit cero a cualquier coste”.
El transportista detalló que la legislación vigente ya establece que “el ajuste de lo que es el nomenclador y los pagos tiene que ir ajustándose con la inflación”, algo que no se está cumpliendo. Aclaró también que la responsabilidad es nacional, y que obras sociales provinciales como OSEP pagan según los valores fijados por Nación: “Hoy OSEP, por ejemplo, da prestaciones, a todos los prestadores se paga un 82% de lo que dice el nomenclador oficial nacional”.
Llorens destacó que la medida de protesta cuenta con un amplio respaldo. “A nivel de discapacidad completo, centros de día, institutos, profesionales, estamos unidos en esto. Hay algunos centros e institutos que por ahí no se suman… y también es respetable”, indicó. A su vez, remarcó la importancia de concientizar a las familias: “Lo del paro es más que nada hoy en día para concientizar, para que se unan a nosotros… yo, dentro de lo que es mi laburo de transportista, las familias me han apoyado y me dicen: ‘denle para adelante, vamos a estar con ustedes’”.
Finalmente, expuso otro problema grave que afecta al sistema: la falta de altas para nuevas prestaciones, especialmente en la obra social estatal Incluir Salud. “Además de las auditorías que fueron mal hechas en lugares que no se tenían que hacer, ahora ha salido una nueva ley que dicen que se van a parar esas auditorías y que se van a tratar de hacer de forma correcta, lo cual está perfecto”, señaló. Sin embargo, las demoras continúan: “Nosotros generalmente en diciembre, enero, estamos presentando esos pedidos y al día de hoy todavía hay muchas que no salen, entonces no nos dejan facturar”.
