El sector de prestadores de servicios para personas con discapacidad en Argentina atraviesa una grave crisis, impulsada por aranceles congelados y demoras crónicas en los pagos. Maximiliano Llorens, transportista local y vocero del colectivo de discapacidad, describió un panorama alarmante que pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales para miles de personas.
En diálogo con FM Vos 94.5, explicó que, si bien es un tema que viene de arrastre desde gestiones anteriores, se agravó con las políticas impuestas por el gobierno de Javier Milei. «La principal demanda es el ajuste de aranceles y el pago más acorde de las facturas, que hoy se abonan con demoras de 60, 90, 120 días. Estas demoras afectan a todo tipo de prestadores, desde psicólogos y kinesiólogos hasta centros de día e institutos que brindan terapias especializadas», dijo Maximiliano Llorens al principio del reportaje.
«El último aumento en el sector fue en diciembre del año pasado, el mismo fue apenas del 0,8%. No nos aumentaron prácticamente nada. Desde entonces, el directorio encargado de autorizar los aumentos no se ha vuelto a reunir», añadió.
Un circuito de pagos complejo y aranceles desactualizados
El circuito de pagos involucra tanto a obras sociales nacionales como provinciales. Llorens detalló que a nivel nacional un directorio compuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), PAMI, Superintendencia de Salud y dos representantes de ONGs (en torno a los prestadores), es quien define los aranceles. «Los prestadores son minoría en las votaciones, como resultado los aumentos siempre son inferiores», aseguró. «En el ámbito provincial, obras sociales como OSEP pagan solo el 70-75% de lo que establece el nomenclador oficial nacional, y las demoras en los pagos también son significativas. Hace poquitos días se depositó enero», comentó Llorens, evidenciando la insostenibilidad del sistema para los institutos que deben afrontar sueldos, alquileres e impuestos.
Para dimensionar la desactualización, Llorens comparó el arancel del transporte. «El kilómetro recorrido se nos está pagando 540 pesos, cuando el litro de nafta vale 1300″. Esto significa que el pago cubre apenas el 45% del costo real. En otras prestaciones, como las sesiones de kinesiología, los profesionales reciben 9000 pesos, mientras que el costo privado es de 25000 pesos promedio por sesión», remarcó.
«Ante esta situación, la respuesta recurrente del gobierno es la falta de presupuesto. Lo más grave es la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Si los prestadores no pueden sostener sus servicios van a quedar en el limbo. En San Rafael, General Alvear y Malargüe se estima que hay unas 9.000 personas con discapacidad que dependen de estos servicios», observó.
Ley de Emergencia y la inminente amenaza del veto presidencial
Los prestadores se han movilizado en distintos puntos del país, incluyendo concentraciones en San Rafael, para reclamar una Ley de Emergencia en Discapacidad. Han mantenido reuniones con referentes del municipio para buscar vías de acción, aunque reconocen que el problema es de incumbencia nacional. Mientras que en el día de ayer al cierre de edición del Diario sesionaba el Congreso de la Nación para aprobar esta norma y otras más, en el sector existe una fuerte preocupación por un posible veto presidencial. «Tenemos entendido que si se aprueba se va a vetar. Si es así, volvemos a cero. Se vuelve todo para atrás», lamentó Llorens, ya que esa decisión unilateral del Ejecutivo agravaría aún más la crítica situación que enfrentan miles de familias y prestadores en todo el país.
