El Departamento General de Irrigación de Mendoza salió a contestarle a la Fiscalía de Estado de La Pampa, luego de que en esa provincia presentaran una denuncia penal en su contra en la justicia federal. La acusación, ordenada por el gobernador Sergio Ziliotto, sostiene que el organismo alteró deliberadamente información hidrológica sobre el caudal del río Atuel. Según el planteo pampeano, esta manipulación tendría como objetivo justificar el incumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema que ordena garantizar un caudal permanente en territorio de La Pampa.
Gustavo Villegas, consejero del Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación (DGI) por la cuenca del río Atuel, desestimó la acusación de la vecina provincia, calificándola como un acto de politiquería en el marco de la proximidad de las elecciones pampeanas. Aseguró que la denuncia carece de un sustento técnico sólido.
«La denuncia de La Pampa se basa en supuestas diferencias entre los datos hidrológicos del DGI y los de la Secretaría de Infraestructura y Recortes Hídricos de la Nación. Sin embargo, las mediciones del río Atuel, y de cualquier otro curso de agua, no son una constante y están sujetas a correcciones permanentes. La naturaleza no es exacta», aseguró Villegas a FM Vos 94.5.
El consejero detalló que los datos transmitidos por las estaciones de aforo necesitan correcciones debido a factores climáticos, mecánicos y de conectividad. Además, destacó que la zona donde se encuentra la estación de aforo mencionada en la denuncia es un área de delta con gran cantidad de sedimentos, lo que altera constantemente la medición de caudal. «A veces esa estación se achica y toma caudales de más, a veces tiene una gran profundidad y toma caudales de menos. Ese tipo de correcciones son lógicas», expuso.
«La denuncia de La Pampa, presentada en la justicia federal por falsedad en documento público es un absurdo. Se acusa a Mendoza de haber desaparecido 60 hectómetros cúbicos de agua», indicó.
«Sería muy notorio y me gustaría saber dónde escondimos esos 60 hectómetros. El DGI se encuentra a la espera de la notificación oficial para responder a la Justicia con la documentación correspondiente», aseguró.
La Pampa: un actor ausente en la búsqueda de soluciones
Villegas afirmó que este nuevo capítulo judicial es una pérdida de tiempo y dinero para los mendocinos. A su juicio, la única solución de fondo a la problemática del río Atuel son las obras de infraestructura, un tema en el que La Pampa ha brillado por su ausencia.
«El último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que es el gobierno nacional el que debe aportar la mayor parte del financiamiento para estas obras. Me pregunto por qué La Pampa insiste en mantener vivo el conflicto judicial en lugar de sentarse a trabajar en la ejecución de las obras, que darían una solución real a los pobladores de la provincia», planteó.
«La única razón que se encuentra es que el conflicto es un tema netamente político que sirve a los intereses de la autoridad pampeana. No le encuentro otra explicación. La ejecución de las obras le daría una solución inmediata al ambiente natural y a los pobladores de La Pampa, que es el eje de la demanda», expresó Villegas al cierre del reportaje.
