El Gobierno Nacional ha reavivado la polémica en torno a la Ley 26.639 para la Protección de los Glaciares al impulsar una reforma que busca flexibilizar la protección de los cuerpos de hielo y sus entornos periglaciares. Esta iniciativa, anunciada por el presidente Javier Milei y vinculada a la agenda de inversiones extractivas y del RIGI, genera gran expectativa y temor entre organizaciones ambientalistas, quienes alertan sobre la falta de datos actualizados y la laxitud en los organismos de control que podría abrir las puertas a la megaminería en zonas vitales para el recurso hídrico.
Luciana Gagliardo, presidenta de la ONG ambientalista Conciencia Solidaria, se manifiesta en contra de la reforma, señalando que la propuesta es un discurso falaz que atenta contra el bien común del agua en favor del lobby megaminero.
Gagliardo sostiene que la Ley de Glaciares ha sido objeto de ataques constantes desde su sanción en 2010, y que el intento actual solo busca consolidar un modelo de entrega de recursos que, según afirma, ha persistido en la política nacional desde la década del 90.
«Hay algo que hay que dejar en claro: esta situación que está manifestando el presidente Milei no es nueva. La Ley de Glaciares (26.639), que protege los cuerpos de hielo y la zona periglacial que alimenta de agua a las cuencas de todos los argentinos, viene siendo violentada desde sus orígenes. El texto original, que logramos sacar en 2010, de hecho, provenía de un veto conocido como el ‘veto Barrick’ del gobierno Kirchnerista», comenzó exponiendo Luciana Gagliardo.
La ambientalista sostuvo que el avasallamiento sobre las fuentes de agua y los bienes comunes es un patrón persistente. «Desde el menemato para acá, pasando por los gobiernos K, el macrismo, y ahora el gobierno nacional de la Libertad Avanza, siempre esta ley generó molestia. ¿Por qué? Porque esta ley, que es de presupuestos mínimos a nivel nacional, puso un freno a la megaminería y a la industria del litio, prohíbe que determinados proyectos o emprendimientos se instalen en zonas donde hay que proteger sin lugar a dudas el recurso hídrico, este bien común, que es el agua, y que sin él no podemos avanzar hacia ningún lado donde las comunidades no pueden subsistir, donde el agua, naturalmente, para alimentar las economías regionales, es imprescindible y no puede ser negociable ni sacrificable, igual que sus poblaciones. Es una molestia enorme. Entonces, no es de extrañar que en un contexto de una economía muy venida abajo, naturalmente, en una crisis profunda que estamos transitando… últimamente con una evidencia enorme, pero que ya la venimos arrastrando, que tiene que ver también con el sistema de corrupción que está instalado como un modelo que aparentemente se torna inamovible. Y las propuestas que trajo el gobierno de La Libertad Avanza para, en teoría, levantar cabeza, tienen que ver con estos planteos o este modelo que se hace y que a partir de la Ley Bases, donde la modificación de la ley de glaciares, donde la modificación de la ley de bosques, donde el tema del manejo del fuego también estaban puestos en la carpeta, pero que en ese momento no se pudieron, o sea, no pudieron pasar el paquete completo. El RIGI, estos beneficios que se le dan, estos beneficios impositivos a aduaneros, fiscales, a las empresas, para que justamente vengan a invertir. Ahora, la pregunta sería, ¿a costa de qué? «, enfatizó.
El federalismo como excusa
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma propuesta es la intención de delegar en las provincias la facultad de determinar y delimitar los entornos periglaciares. Para Conciencia Solidaria, este planteo es una barbaridad y un subterfugio para favorecer el lobby de las empresas extractivas. «Se planteó todo esto bajo el concepto de federalismo, diciendo que las provincias deben tener manejo sobre sus propios recursos. Pero acá hay algo que hay que tener muy en claro y es que la Ley de Glaciares es una ley nacional de presupuestos mínimos. Las provincias deben adherirse por encima de los estándares mínimos que propone una ley nacional, porque estamos hablando del bien común, el agua. Es un análisis y un discurso que peca de engañoso», explicó Gagliardo.
La presidenta de la ONG aseguró que la presión para modificar el inventario y las definiciones viene fuertemente de los gobiernos provinciales. «Acá hay una gran presión desde hace años de los gobiernos provinciales, sobre todo en provincias como San Juan, que tienen varios proyectos en carpeta, y que están ejerciendo lobby y presión en convivencia justamente con las empresas que ya hace rato que quieren instalarse», denunció.
Falacias económicas y riesgo hídrico
Respecto a los argumentos económicos que impulsan la flexibilización, Gagliardo advirtió que el beneficio provincial es mínimo frente al costo ambiental y el consumo hídrico de la actividad. «Es un discurso mentiroso y falaz. Se habla de las regalías, pero históricamente sabemos que las regalías, que se calculan sobre el valor bocamina, no les dejan a las provincias más de un 3% o 1.5% cuando se hace la deducción impositiva. Me estoy refiriendo a las provincias. Entonces, los millones y millones de dólares que se llevan, las provincias no reciben más que esto, es histórico y se conoce y ha sido denunciado. Hay un montón de minerales que se sacan de contrabando en el marco de lo que se llevan. Ni hablar el agua, por supuesto, porque forma parte indispensable justamente de los procesos«, advirtió.
«La industria minera necesita agua los 365 días al año, las 24 horas, para funcionar; es una industria que consume agua en gran cantidad. No existe un margen para plantear que se puede cuidar el recurso», argumentó.
Finalmente, la activista alertó sobre la fragilidad del ecosistema glacial y periglacial, desmintiendo la idea de que se pueda intervenir una parte sin dañar la otra. «Tanto el ambiente glacial como el periglacial son ecosistemas complejos. Intervenir el ámbito periglacial no asegura que los glaciares permanezcan intactos, pues cualquier acción en ese sistema frágil y delicado impactará indefectiblemente. Decir que una parte es sacrificable y negociable es, simplemente, una falacia», aseveró en el cierre de la entrevista que brindó a FM Vos 94.5.
