El vicepresidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) analizó el conflicto con el Ministerio de Desregulación por los cambios en el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura. Advierte que eliminar el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) pone en riesgo la seguridad jurídica del productor y la reputación internacional del vino argentino.
La tensión entre el sector vitivinícola y el gobierno nacional ha escalado a niveles judiciales. En el centro de la escena se encuentra el sanrafaelino Pablo Asens, vicepresidente de COVIAR, quien no oculta su preocupación por lo que considera una mezcla de ignorancia y soberbia por parte del ministro Federico Sturzenegger. Para Asens, la decisión de desregular aspectos críticos del Instituto Nacional de Vitivinicultura no es una cuestión de costo argentino, sino un desconocimiento profundo de cómo funciona la cadena productiva. «Nos preocupa cuando las cosas se mezclan por ignorancia, y sobre todo cuando un funcionario de esta talla, un tipo con un máster en el exterior y profesor de macroeconomía se comporta como un teórico que no conoce la vida», apuntó Asens.
El conflicto por el CIU: seguridad versus burocracia
Para el dirigente, el punto de quiebre es la eliminación de la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva. Mientras que desde Buenos Aires se ve como un trámite burocrático, para el sector es el documento que garantiza la trazabilidad y la propiedad del trabajo de todo un año. «El CIU no tiene ningún costo extra ni genera carga burocrática. Al dejarlo de manera voluntaria, nos abren las puertas de un infierno que no sabemos cuán grande va a ser», explicó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5.
Según Asens, este certificado no solo da seguridad jurídica al productor. «No generemos dudas por algo tan sencillo. El productor trae su uva, se imprime la declaración jurada, el bodeguero le entrega una copia y todos estamos felices», enfatizó.
Datos erróneos y oídos sordos a los reclamos
Asens es crítico respecto a la información que maneja el Ministerio de Desregulación. En ese sentido, sostuvo que Sturzenegger se apoya en datos falaces, como afirmar que el 40% de las bodegas no usan el CIU, ignorando que el 70% del consumo interno es vino genérico que no requiere certificación de varietal, pero sí de origen. «Él (por Sturzenegger) está hablando con ciertos bodegueros de Buenos Aires que en su vida le han estrechado la mano a un productor. Son CEOs que han hecho un espectáculo y no entienden la parte chica e importantísima de esta industria», declaró.
El malestar también radica en la falta de escucha ante un reclamo que Asens describió como unánime. «Estuvimos reunidos dos horas en Mendoza con él. El gobernador Cornejo, el ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu, el ministro Gustavo Fernández de San Juan y representantes de más de 10 entidades le dijimos en la cara: ‘queremos el CIU’. Incluso se le mostraron mensajes de ministros de Salta, La Rioja, Catamarca y Río Negro. Toda la Argentina vitivinícola quiere este control, pero él sigue enterrado en su postura de ser más liberal que nadie», comentó.
El riesgo internacional: el fantasma de las barreras paraarancelarias
Uno de los puntos más sensibles de la entrevista es la advertencia sobre los mercados externos. Asens recordó el caso de la natamicina en el vino (antifúngico natural usado como conservante alimentario E235), donde Argentina fue castigada por Alemania en una guerra de laboratorios, para ejemplificar la fragilidad de la reputación exportadora. «Si eliminamos la trazabilidad en el ingreso de uva, le estamos entregando a Europa la excusa perfecta para imponernos barreras paraarancelarias. Los mercados internacionales son especialistas en crear trabas técnicas ante la menor duda, y no podemos permitir que se cuestione la transparencia de nuestra industria», advirtió el entrevistado.
El camino judicial
Ante la falta de respuesta política, el sector avanzó con una acción de amparo en la Justicia Federal. «Hoy tenemos que esperar que el juzgado se expida. La resolución de desregulación entraría en vigor el primero de enero, pero hemos discutido los artículos correspondientes al CIU y al MV01 (declaraciones mensuales de salida de vino)», aseguró el vicepresidente de la Corporación Vitivinícola Argentina.
Además, Asens hizo un llamado a la reflexión para el Ejecutivo Nacional. «Es momento de que el Gobierno deje de lado la intransigencia y escuche a quienes conocemos la producción. Todos queremos que este país cambie y apoyamos ese rumbo, pero el Ejecutivo corre el riesgo de perder otra batalla innecesaria simplemente por no prestar atención a los sectores que generan riqueza», manifestó.
«La reputación del INV es nuestro mayor activo en el exterior. Aunque el organismo deba modernizarse y eliminar trabas, su control estricto es lo que garantiza que nuestros vinos no sean cuestionados en ningún destino. No podemos romper esa confianza ganada durante décadas», destacó al cierre del reportaje el referente de COVIAR.
