La medida de fuerza alcanza exclusivamente a un área clave del Poder Judicial en la Primera Circunscripción Judicial (Ciudad (Capital), Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Luján de Cuyo y Lavalle) pone en evidencia la falta de personal, insumos básicos y decisiones administrativas que, según el gremio, deterioran de manera alarmante la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.
El paro judicial que se extiende durante varios días y que fue anunciado mediante un flyer con la consigna “los compromisos se cumplen, convenio colectivo ya” no alcanza a todo el Poder Judicial, pero sí impacta de lleno en un sector particularmente sensible: el Cuerpo Médico Forense. Así lo explicó Ricardo Babilón, secretario general del Gremio de los Trabajadores Judiciales, quien detalló que la medida de fuerza fue adoptada únicamente por el personal que cumple funciones periciales, mientras que el resto del Poder Judicial permanece en estado de asamblea.
“En realidad quienes están de paro es el personal que cumple funciones en el Cuerpo Médico Forense, en el Cuerpo de aquellos que hacen pericia, necropsia, etcétera”, aclaró a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 Babilón, al tiempo que remarcó que la decisión se tomó porque se trata del área “más castigada” dentro del sistema judicial. Según explicó, las condiciones de trabajo en ese sector se han vuelto insostenibles, tanto por la falta de recursos humanos como por la ausencia de insumos básicos y la sobrecarga laboral permanente.
En la Primera Circunscripción Judicial, explicó, “había doce médicos para hacer pericias, hoy hay diez, y de esos diez han nombrado a cuatro como jefes”. Esa decisión administrativa tuvo un efecto directo: “los han sacado de las guardias”, lo que deja apenas seis médicos cubriendo una tarea que años atrás realizaban doce profesionales. “Hoy hay seis médicos cubriendo la función que hace seis años hacían doce”, sintetizó.
La reducción del personal operativo no solo incrementó la carga laboral, sino que también afectó de manera directa la calidad de las pericias. Babilón relató que, para intentar sostener el servicio, se establecieron mínimos de producción que resultan incompatibles con el rigor profesional que requieren este tipo de evaluaciones. “Imaginate una pericia psicológica donde te dan entre diez y quince minutos para poder realizarla. La pericia no tiene el tiempo suficiente para hacerse”, afirmó.
A esa situación se suma la extensión de las jornadas laborales. “El turno de ellos, o la guardia, que es de veinticuatro horas, se alarga a treinta y seis horas”, explicó, al tiempo que indicó que los salarios rondan “un millón doscientos mil pesos”, una cifra que, según señaló, no compensa ni el desgaste ni la responsabilidad que implica el trabajo forense. La falta de insumos llegó, incluso, a extremos que el propio dirigente reconoció como difíciles de exponer públicamente.
Babilón sostuvo que esta realidad contrasta con decisiones de gasto que, a su entender, resultan injustificables. “Mientras la Procuración despilfarra plata en cosas que no son ni siquiera necesarias, hay insumos básicos que no hay”, denunció. En ese contexto, aseguró que muchos profesionales deben llevar sus propios elementos de trabajo, además de soportar una presión constante. “El problema es que se llega a un punto en que la gente dice basta y decide tomar una medida tan fuerte como un paro, aun a pesar de los riesgos”, explicó.
El dirigente recordó que durante medidas de fuerza anteriores los trabajadores fueron objeto de amenazas. “Fueron amenazados con que los iban a despedir, con que los iban a sancionar, con que les iban a cambiar los turnos”, enumeró, aunque remarcó que “llega un momento en que las personas ya no aguantan más”.
Consultado sobre quién toma las decisiones que derivaron en esta situación, Babilón fue contundente. “Es la Procuración, el Procurador de la provincia, con un desconocimiento total del servicio que se presta”, afirmó. En ese sentido, vinculó lo que ocurre con un proceso más amplio de “achicamiento sistemático del Estado”, entendido no como una reducción del gasto salarial, sino como un deterioro del servicio que se brinda. “Cuando vos nombras más jefes que gente que tiene que trabajar, indudablemente estás recargando y deteriorando el servicio”, señaló.
El secretario general del gremio advirtió que el contexto social y económico agrava aún más el panorama. “Cuando hay crisis económica, hay crisis sociales, y eso repercute directamente en el Poder Judicial”, explicó, al mencionar el aumento de situaciones de violencia intrafamiliar y, en consecuencia, de denuncias penales que requieren pericias. “Eso repercute directamente en el trabajo de los profesionales que hacen las pericias”, subrayó.
Frente a este escenario, Babilón aseguró que existen soluciones posibles y de implementación inmediata. “Una solución sería que todos los médicos tengan que hacer guardia”, planteó, y agregó que también es necesario “buscar que a los médicos se les pague el adicional que corresponde por el título que tienen”, algo que actualmente no sucede. Según indicó, se trata de medidas de bajo impacto presupuestario que podrían destrabar el conflicto.
El dirigente alertó, además, sobre las consecuencias directas que la prolongación del conflicto puede tener para la sociedad. “Este conflicto va a llevar a que en la morgue judicial hayan familias reclamando los cuerpos de sus familiares durante varios días, porque no hay médico para hacer las necropsias”, advirtió.
Otro de los reclamos centrales del sector es el reconocimiento de la insalubridad del trabajo forense. “No logramos que se les declare insalubre el trabajo”, lamentó Babilón, y agregó: “Alguien que abre un cadáver y debe hacer una necropsia, ¿vos me vas a decir que ese trabajo no es insalubre?”. Según explicó, la negativa de la Procuración a certificar esa condición no responde a razones económicas. “Eso tiene cero peso de impacto presupuestario”, aseguró, y concluyó: “A veces pasa por la voluntad de hacer las cosas y no por un tema económico”.
