La actividad será libre y gratuita, estará a cargo del ex fiscal federal Gustavo Gómez y abordará temas como el Acuerdo de Escazú, la criminalización de la protesta ambiental y la participación ciudadana en reclamos vinculados al cuidado del territorio.
La defensa del ambiente y el acceso a la información pública serán el eje de una charla abierta que se realizará en San Rafael este miércoles 11 de febrero, con doble turno, destinada a la comunidad en general, organizaciones sociales, colectivos ambientales y profesionales del derecho. La actividad es organizada por entidades de la multisectorial ambiental y contará con la disertación del ex fiscal federal Gustavo Gómez, con una extensa trayectoria en el Poder Judicial.
La propuesta busca acercar herramientas legales claras y accesibles para que la ciudadanía pueda comprender y ejercer sus derechos en el marco de los conflictos ambientales actuales. “Queremos invitar a la comunidad en general, las organizaciones de derechos humanos, los colectivos ambientales y a los profesionales del derecho que también quieran tener esta charlita, viene re bien para actualizar algunas cosas del derecho”, explicó Melina Padilla, integrante de las entidades organizadoras, en diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5.
La charla será libre y gratuita y se desarrollará en dos horarios, durante la mañana y la siesta. “Es libre y gratuita, la charla va a tener dos horarios, de 11 a 13 horas y de 14 a 16 horas”, detalló Padilla, quien remarcó que no es necesario realizar una inscripción previa para asistir. El encuentro tendrá lugar en el Club Andino Sosneado.
En cuanto a la modalidad de participación, Padilla aclaró que no se requieren conocimientos previos en materia legal. “No es necesario preinscribirse ni tener conocimientos básicos, porque el fiscal Gustavo Gómez tiene una manera de expresarse que es muy didáctica y es para la gente que no tiene conocimiento”, señaló, y agregó: “Es para organizar a la comunidad en temas de derecho ambiental y legal”.
Gómez, ya jubilado, cuenta con más de treinta años de experiencia en el Poder Judicial, con desempeño en Chubut y en la Fiscalía de Tucumán, además de haber integrado paneles vinculados a conflictos ambientales de alcance nacional. Desde la organización destacaron que su recorrido y su forma de comunicar resultan fundamentales para acercar conceptos complejos a la ciudadanía.
La iniciativa se da en un contexto marcado por fuertes debates en torno a proyectos mineros y reformas legislativas. Padilla hizo referencia a la coyuntura nacional y provincial, especialmente a la discusión por la Ley de Glaciares. “La reforma legislativa de la Ley de Glaciares es totalmente regresiva, y eso es inconstitucional”, sostuvo, al tiempo que señaló que estas discusiones generan la necesidad de fortalecer la organización social y el acceso a información confiable.
Otro de los ejes centrales de la charla será la criminalización de la protesta ambiental y de los reclamos ciudadanos. “Viene a organizarnos un poco y capacitarnos en el tema de la criminalización que estamos teniendo los ambientalistas y la comunidad en general”, afirmó Padilla, y aclaró: “No todos somos ambientalistas los que vamos a una marcha o pedimos información”.
En ese sentido, reconoció que existen tensiones dentro de la propia comunidad cuando se plantean estas discusiones. “Hay una parte menor de la comunidad que sí nos ataca, pero generalmente no han leído nada y no tienen información de los temas”, expresó. Uno de los puntos que suele aparecer en esos debates es el argumento de la generación de empleo asociado a la minería. “Uno de los mitos de la minería es la generación de puestos de trabajo”, indicó.
Padilla explicó que los propios proyectos reconocen un impacto laboral limitado. “El propio proyecto San Jorge, en su declaración de impacto ambiental, dice que va a generar entre cuatrocientos y mil puestos de trabajo al principio, después bajan”, señaló, y añadió: “Se instala públicamente que va a generar cientos y miles de puestos de trabajo cuando ellos mismos están diciendo que no”. Además, advirtió sobre los riesgos que estas actividades implican para otras economías regionales. “Es un trabajo que pone en riesgo todos los miles de trabajos de la matriz productiva que ya tenemos”, sostuvo.
La referente ambiental también apuntó a la forma en que operan las empresas del sector. “Las empresas traen a su personal ya capacitado, no lo buscan en el lugar”, afirmó, y ejemplificó con experiencias en otras provincias donde incluso la infraestructura se encuentra pensada exclusivamente para el funcionamiento de los emprendimientos, sin integración real con las comunidades locales.
Durante la entrevista, Padilla recordó antecedentes locales que refuerzan la preocupación ambiental, como el caso de Sierra Pintada. “Sierra Pintada lleva más de treinta años y la remediación, bien gracias”, expresó, al señalar que los procesos de reparación ambiental continúan inconclusos. En ese marco, cuestionó la falta de respuestas oficiales ante eventos climáticos recientes. “Hemos pedido informes y no hay respuesta, nadie se hace cargo de esos residuos”, indicó.
Entre los temas que se abordarán durante la charla se encuentran el Acuerdo de Escazú, la criminalización de la protesta, los delitos ambientales, la legislación vigente y la garantía de la participación ciudadana cuando se solicitan informes o se realizan reclamos. “El Acuerdo de Escazú es como un escudo internacional legal”, explicó Padilla, al destacar su relevancia como herramienta para la defensa de derechos.
Finalmente, la integrante de la multisectorial ambiental subrayó el objetivo de la actividad. “Se trata de que cada vez tengamos más herramientas porque el contexto se está poniendo cada vez más raro”, concluyó, y cerró: “Necesitamos herramientas para defendernos y para mantener el ambiente sano y el territorio habitable para seguir viviendo”.
