Se comenta en las fincas locales que la previa de la vendimia viene con más ruidos que certezas. Por un lado, los bodegueros aseguran que los números no mienten: hablan de una caída récord en el consumo que los deja sin margen de maniobra. Dicen que, con las bodegas llenas y las ventas por el suelo, el precio de la uva no puede hacer milagros.
Sin embargo, del otro lado del alambrado, el productor primario cuenta otra historia. Asegura que lo que le ofrecen por el kilo de uva no llega a cubrir ni los costos básicos para mantener la finca en pie. Para ellos, la ecuación es simple: si el precio no sube, la vitivinicultura se vuelve una actividad inviable que solo empuja al abandono de las tierras.
En el medio aparece el ruido sindical. En las filas de los trabajadores sostienen que este panorama terminal que pintan las empresas es sospechoso. Dicen que es el «clima de época» que se instala justo cuando hay que discutir paritarias, una estrategia para bajar las expectativas salariales de los obreros de viña y bodega.
Lo curioso es que, en medio de tanto reproche cruzado, hay una sospecha en la que todos coinciden. El runrún es que el Gobierno provincial ya decidió cambiar de libreto. Dicen que la salida del Estado de la lucha antigranizo es la prueba de que el interés oficial se mudó del surco a la mina, y que la producción rural quedó, finalmente, fuera de la agenda de prioridades.
