La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Regional San Rafael denunció la presencia de grupos religiosos instalados en las veredas del Hospital Teodoro J. Schestakow y del Vacunatorio Central, a quienes acusa de “amedrentar y obstaculizar” el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, en particular a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Según el comunicado difundido por la organización, estas personas se ubican en la puerta con carteles y la excusa de “orar por la vida”, pero en la práctica —afirman— realizan acciones intimidatorias. Entre las situaciones reportadas, indicaron que recibieron denuncias de pacientes y trabajadores que sostienen que los manifestantes toman fotografías y graban videos de quienes ingresan y egresan del lugar, además de elevar la voz rezando, especialmente cuando entran mujeres jóvenes o personal de la institución.
Desde la Campaña advirtieron que estas conductas vulneran la confidencialidad, la privacidad y el trato digno previstos por la Ley 27.610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita y confidencial.
En ese marco, reclamaron a las autoridades que adopten medidas para asegurar un ingreso “libre, cuidado y sin presiones”, y consideraron que lo ocurrido constituye “violencia psicológica”.
A la denuncia se sumó el colectivo “Ni Una Menos San Rafael”, que también rechazó la presencia sistemática de estos grupos en el ingreso al área sanitaria. En su pronunciamiento, remarcaron que la libertad religiosa y de expresión “no es absoluta” y encuentra límites cuando interfiere con derechos fundamentales como la salud, la intimidad y la autonomía personal.
Además, el colectivo señaló que este tipo de prácticas pueden encuadrarse como violencia simbólica y violencia contra la libertad reproductiva contempladas en la Ley 26.485, y reclamó que el Estado garantice condiciones seguras para acceder a prestaciones de salud sin hostigamiento ni exposición pública.
Las organizaciones pidieron que se ponga fin a las acciones intimidatorias en las puertas del hospital y que se resguarde el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva “sin miedo ni presión moral”.
