El manejo del arbolado público en Mendoza atraviesa un cambio histórico de paradigma. Tras la aprobación por unanimidad en el Senado de la modificación a la Ley de Arbolado, la potestad sobre los ejemplares urbanos se traslada directamente a las comunas. Marcelino Iglesias, senador provincial y exintendente de Guaymallén, explica los alcances de una normativa que busca terminar con la burocracia y dotar a los intendentes de herramientas legales para intervenir de forma inmediata ante reclamos de vecinos y situaciones de riesgo climático.
La nueva normativa clarifica las jurisdicciones y otorga a los municipios la capacidad de decidir sobre el destino de los forestales sin depender de autorizaciones provinciales externas que, históricamente, dilataban las soluciones. «Es fundamental aclarar que esta ley rige para el arbolado que crece dentro de la jurisdicción municipal: acequias, plazas y parques departamentales. No incluye rutas provinciales, nacionales o cauces de Irrigación. Lo que hicimos fue otorgar más facultades a los municipios», dijo Iglesias a FM Vos 94.5.
«Hasta ahora, si un vecino tenía una planta levantando la vereda o rompiendo cañerías, el municipio no podía erradicarla sin una inspección y autorización de un organismo provincial que tardaba meses. Esa etapa se terminó: ahora, con el dictamen de un profesional agrónomo, el municipio puede podar, desramar o erradicar inmediatamente», amplió la explicación.
El mito del fondo inexistente y la inversión real
Uno de los puntos más debatidos en torno a la nueva normativa ha sido el financiamiento de las tareas de mantenimiento, un aspecto donde Iglesias se mostró tajante al desmitificar la supuesta existencia de recursos provinciales destinados a tal fin.
Históricamente, el financiamiento propio ha sido el único sostén del sistema. Aunque la ley prevé la constitución de un fondo basado en multas y otras recaudaciones, el senador provincial aseguró que nunca funcionó. En la práctica, esto significa que las comunas han operado durante décadas con sus propios recursos, absorbiendo los costos operativos sin auxilio externo. «Los municipios siempre se hicieron cargo; esta ley no cambia quién paga, sino quién decide», enfatizó.
Para cumplir con esta tarea, los departamentos han tenido que realizar una fuerte apuesta en el equipamiento necesario. Durante su gestión al frente de Guaymallén, Iglesias destacó la inversión en camiones, chipeadoras de gran porte, hidrogrúas y herramientas de mano de última tecnología. Sin embargo, aclaró que la inversión más crítica no es solo material: «Lo más importante ha sido la capacitación de las cuadrillas y la incorporación de ingenieros agrónomos y forestales. Esa capacidad instalada ya es una realidad en la mayoría de los departamentos de Mendoza», consideró.
Por otra parte, la reforma legal viene a sincerar una situación de cercanía con el vecino que ya ocurría en los hechos. Ante una rama caída o una raíz que levanta la vereda, el ciudadano acude instintivamente al municipio y no a las oficinas gubernamentales del Gran Mendoza. «El vecino muchas veces ni sabe qué área provincial debería intervenir. Esta ley simplemente le da agilidad y respaldo legal a esa respuesta inmediata que el municipio ya venía dando, eliminando la burocracia que impedía actuar a tiempo», destacó en otro tramo de la charla.
Crisis hídrica y el desafío del cambio climático
La falta de agua en las acequias y los eventos meteorológicos extremos, como el viento Zonda, obligan a repensar qué especies deben habitar la ciudad moderna. «La falta de agua llegó para quedarse y hay que asumirlo. En Guaymallén, cuando Irrigación nos decía que no había caudal para las acequias, adquirimos camiones regadores para salvar los ejemplares jóvenes y los parques. Pero también hay que ser realistas: muchos árboles que eran de zonas rurales quedaron atrapados en el crecimiento urbano; son ejemplares viejos que no se llevan bien con la ciudad y corren riesgo de caerse ante un temporal. Esos árboles hay que reemplazarlos por especies de bajo consumo hídrico y menor porte, como la acacia visco, la mora híbrida o el fresno americano, que son más manejables y seguros», precisó el legislador.
Responsabilidad ciudadana y control posterior
La nueva normativa no solo simplifica la gestión estatal, sino que busca ordenar la relación técnica y cívica del vecino con el forestal que habita frente a su domicilio, estableciendo límites claros para garantizar la convivencia urbana. Un punto central de la ley es la prohibición de la plantación particular. En ese sentido, Iglesias advirtió sobre las consecuencias de la acción vecinal sin supervisión. “El vecino no tiene derecho a plantar árboles en su frente; esa es una tarea que debe realizar el municipio. El error más común es colocar especies con raíces agresivas que terminan destruyendo veredas y cañerías, o incluso palmeras, que con el tiempo se convierten en un serio peligro de incendio y son difíciles de mantener», opinó.
«La planificación de qué especie plantar responde a criterios técnicos de suelo y disponibilidad hídrica que solo los especialistas pueden determinar», agregó.
Para asegurar que esta mayor autonomía municipal no derive en un descontrol ambiental, la ley establece un mecanismo de informe a ejercicio vencido. Este sistema obliga a las comunas a reportar anualmente a la provincia todas las intervenciones realizadas, ya sean podas, erradicaciones o replantes. «Este reporte es vital para mantener actualizado el censo provincial y que el gobierno pueda tener una visión global de la planificación del arbolado, aunque la ejecución diaria sea potestad de cada intendente», expuso el senador.
Además, el entrevistado hizo hincapié en que la seguridad debe estar ante todo, desestimando las críticas superficiales ante la quita de ejemplares en mal estado. «Cuando alguien cuestiona una erradicación hablando de ‘arboricidio’, yo siempre respondo lo mismo: nunca vi que se cayera un árbol sano. Los árboles que representan un riesgo cierto deben ser reemplazados de forma preventiva para evitar tragedias durante las tormentas o los vientos Zonda. Reemplazar un ejemplar decrépito por uno joven y apto para la zona es, en realidad, un acto de preservación del patrimonio forestal a largo plazo», sentenció.
Un paso hacia la modernización estatal
Para Iglesias, la unanimidad lograda en la Legislatura refleja un consenso sobre la necesidad de hacer más eficiente la gestión de un recurso vital para Mendoza. «Esta ley no es una panacea, pero es un paso adelante fundamental. Los dieciocho municipios son los únicos que están presentes cuando hay un Zonda o una tormenta, despejando calles y asistiendo a la gente. Ahora tienen el respaldo legal para actuar con la agilidad que la realidad demanda. Cuidar nuestro arbolado también significa saber cuándo un ciclo ha cumplido su etapa y renovar nuestra foresta con criterio técnico y visión de futuro, adaptándonos al clima que hoy tenemos», concluyó.
