Este último martes el Senado convirtió en ley el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que modifica el régimen de flagrancia en el Código Procesal Penal. La reforma busca que aquellos delincuentes que son capturados en el momento del hecho, o inmediatamente después tras una persecución, reciban condenas rápidas y contundentes, evitando que sus causas se dilaten y que el protagonista salga a las pocas horas.
En una entrevista con El Sol, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, brindó definiciones clave sobre el alcance de la norma. “El concepto es que a los delincuentes los queremos detenidos, rápidamente condenados y que esa condena tenga contundencia”, definió Rus al inicio de la charla.
A su vez, reconoció que el Gobierno contempla un eventual incremento inmediato en la cantidad de presos por el impacto en aquellos reincidentes o reiterantes.
“Bienvenido sea que el problema sea que tengamos muchos detenidos porque ni los jueces ni los fiscales detienen y está bien porque aplican bien los procesos. Si lo detienen y lo condenan a prisión efectiva (al delincuente) es porque realmente lo merece”, aseveró la funcionaria.
Ante la consulta sobre si el Estado está preparado para este aumento de la población carcelaria, Rus aseguró que se sigue fortaleciendo el sistema: “Ojalá fuéramos Suiza donde tenés que cerrar cárceles. Estamos en proceso porque hay un proyecto que se está estudiando para Almafuerte 3 y también la cárcel de El Cerrito. Hay que terminar de buscar financiamiento”.
El fin de la “bolsa común” y el rol de las cámaras
La ministra explicó que el objetivo central es que los casos con evidencia clara no se pierdan en el sistema ordinario. Actualmente, muchos fiscales no aplican la flagrancia porque la ley actual solo les da un día para formular la imputación.
“Hoy esos casos, por más de que obtengas la evidencia, van a una bolsa común. Quizás el fiscal tiene al otro día una audiencia y no llega con esos plazos. Entonces, no lo sigue como un caso de flagrancia, sino como uno ordinario”, criticó Rus.
Con la nueva ley, el plazo para recoger pruebas se extiende a 10 días, lo que permite una mejor preparación del caso sin perder la rapidez. Además, la ministra destacó el rol de la tecnología: “Uno de cada cuatro aprehendidos tiene que ver con el sistema de videovigilancia. Queremos que se procese y se condene rápido y no entre a la bolsa con todas las otras causas en donde la evidencia no está ‘ab initio’. Es decir, cuando el delincuente está cometiendo el delito o cuando lo seguimos por las cámaras y a raíz de un llamado al 911 integramos información y sabemos que ese sujeto que va caminando por una calle y que lo visualizamos por la cámara es el que acaba de robar según el llamado llevado a cabo”.
Fiscalías especializadas y operatividad
Para operativizar la reforma, la Legislatura aprobó la creación de fiscalías especializadas en flagrancia con dedicación exclusiva. Rus confirmó que, en una primera etapa, serán dos los fiscales a cargo, quienes concentrarán el 90% de los casos que ocurren en el Gran Mendoza. “No cualquier fiscal de turno, sino que va a haber fiscales de flagrancia para que le den la importancia que queremos desde una mirada de política criminal que busca que a estos hechos se les dé una contundencia distinta”, explicó.
La ministra estimó que, tras la promulgación, la ley podría estar aplicándose en menos de un mes.
A modo de ejemplo, la ministra relató: “Puede ser un hecho en el que hay un llamado al 911 y dicen ‘me acaban de robar y viste remera roja y pantalón azul’ y de repente lo despachan a un policía y a la cuadra del lugar del hecho lo ven. Eso se entiende en flagrancia, no hay solución de continuidad, no hay un espacio. Si se demoran dos horas en encontrarlo ya es distinto. En otros casos de la cotidianidad, como cuando hay un comerciante que nos avisa que ve por las cámaras un robo, ahí llega la policía y lo aprehende”.
El caso de Las Heras como ejemplo
Para justificar la necesidad de rapidez y contundencia, Rus utilizó ante los senadores el reciente y mediático caso ocurrido en Las Heras, donde un comerciante atropelló y mató a un delincuente que le había robado la bicicleta a su pareja. El señalado ladrón habría desplegado una conducta agresiva contra la pareja del comerciante con el objetivo de apoderarse de una bicicleta marca SLP, rodado 29. El dueño de casa abordó su Toyota Hilux y salió en persecución del sospechoso. La carrera se extendió por unas cuatro cuadras hasta el barrio 9 de Julio, donde lo embistió.
“Ese chico (el fallecido) tenía antecedentes y los tres últimos eran en flagrancia. Si a ese chico lo hubieran juzgado con el primer caso en flagrancia, habría tenido una condena. En el segundo hecho, mínimo le habrían tenido que dar algunos meses en prisión efectiva. Y quizás no teníamos el resultado fatal que tuvimos después”, reflexionó la ministra.
El fin de los “combos” judiciales
Fuentes consultadas en reserva por este diario coincidieron con la mirada del Ejecutivo al señalar una práctica habitual: cuando un delincuente acumula tres antecedentes sin condena, se suelen “juntar las tres causas” y resolverlas de una manera poco contundente, otorgando beneficios o ejecuciones condicionales.
“Si te vuelven a enganchar, ya tenés un antecedente y ya mínimo sos reiterante. Y si esa condena es dentro de los últimos cinco años, sos reincidente. Entonces ya el fiscal va a tener que valorar de otra forma el hecho. No como pasa ahora, que hay sujetos que tienen tres causas y los agarraron por la última y el fiscal junta las otras y hace todo un combo“, sumaron especialistas en la materia.
Los cambios técnicos en la ley:
Se modifican los plazos para formular imputaciones a los sujetos que son sorprendidos realizando el delito, así como también se extiende el plazo a 10 días para recoger pruebas que la faciliten.
También modifica el artículo que se refiere al procedimiento directísimo, para obligar a que la solicitud de prisión preventiva por parte del fiscal se realice en la audiencia inicial. Esto con el objetivo de que en un mismo acto se debatan las medidas de coerción y la eventual resolución anticipada del proceso, evitando fragmentaciones “innecesarias”.
Además, modifica la audiencia de finalización con el objetivo de agilizarla. Se incorpora la posibilidad de que el imputado se exprese libremente, se formaliza la inclusión de prueba digital y se establece la obligación del juez de dictar sentencia en el mismo acto o en un plazo breve.
El proyecto también prevé que la Suprema Corte de Justicia y los organismos competentes adecuen sus protocolos y sistemas de turnos para garantizar el cumplimiento de los nuevos plazos.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/seguridad-estudia-ampliar-almafuerte-3-por-los-delincuentes-detenidos-en-flagrancia/
