El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación avanza con la ejecución del Plan de Obras 2026 que contempla 113 intervenciones edilicias en distintas dependencias judiciales del país.
De acuerdo con el relevamiento realizado por la Dirección General de Infraestructura Judicial, el plan incluye obras en diferentes etapas de estudio, contratación y ejecución con trabajos orientados a la adecuación y modernización de edificios judiciales.
En ese marco, el Consejo informó que ya finalizaron trece obras y que otras veintiocho continúan actualmente en ejecución. Las tareas abarcan adecuación de salas de audiencias para implementar el sistema acusatorio, renovación de cubiertas, reacondicionamiento eléctrico, restauración de fachadas, impermeabilización de terrazas, sustitución de equipos de climatización y modernización de sistemas de transporte vertical.
Entre las obras concluidas se destacan la readecuación eléctrica de la planta baja y exteriores del edificio de Comodoro Py 2002, sede de la Cámara Federal de Casación Penal; la adecuación de salas de audiencia en Posadas, Oberá y Eldorado; y trabajos de infraestructura en dependencias judiciales de Paraná, Rosario, Bahía Blanca, Posadas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, permanecen en ejecución proyectos de mayor escala, entre ellos la readecuación del edificio de Tucumán 348 para relocalizar ocho juzgados nacionales civiles y el Cuerpo Interdisciplinario Forense; la reparación integral de terrazas en el inmueble de Avenida de los Inmigrantes 1950; y obras de actualización de instalaciones en edificios judiciales de Rosario, Mendoza y Corrientes.
También continúan tareas de mantenimiento y renovación general en inmuebles correspondientes a los fueros Comercial, del Trabajo, de la Seguridad Social y Contencioso Administrativo Federal.
Según el informe elaborado por la Dirección General de Infraestructura Judicial, la inversión financiera proyectada para el conjunto de obras asciende a $18.221.820.645,15.
El Plan de Obras 2026 forma parte de las políticas de fortalecimiento de infraestructura impulsadas por el Consejo de la Magistratura, con el objetivo de subsanar problemas estructurales y mejorar las condiciones edilicias, funcionales y tecnológicas de las dependencias judiciales en todo el territorio nacional.
