El presidente del bloque de diputados del PJ, el sanrafaelino Germán Gómez, denunció un incremento «exorbitante» en el ingreso de pasta de tomate proveniente de China y Chile. Según el legislador, la brecha de costos y la falta de políticas de protección están dejando a los productores mendocinos fuera del mercado, con un impacto directo en la producción primaria y el empleo local.
Para Gómez, el escenario actual rompe con cualquier equilibrio histórico. Si bien la importación de pasta de tomate existía para cubrir baches de demanda, las cifras actuales revelan un cambio de paradigma que amenaza la sostenibilidad del sector. «La importación de pulpa de tomate ha llegado a niveles exorbitantes. Históricamente, para satisfacer el mercado ingresaban entre 6.000 y 8.000 toneladas. En el 2023 prácticamente se logró un autoabastecimiento, pero en los últimos dos años la cifra saltó a 30.000 toneladas. En 2025 se llegó a las 55.000 toneladas, es decir, 55 millones de kilos. Esto causa un deterioro tremendo porque se alienta el ingreso de un producto que llega con beneficios tributarios y subsidios en sus países de origen, mientras que nuestro tomate no es competitivo», planteó en una entrevista que brindó a FM Vos (94.5).
La brecha de costos: 1.300 dólares frente a 700
El diputado puso el foco en la imposibilidad de los productores locales de competir contra los precios internacionales, agravada por la suba de los insumos básicos y la logística interna. «Producir una tonelada de pasta de tomate en Argentina cuesta cerca de 1.300 dólares, contra los 700 dólares que cuesta el producto que ingresa de Chile y China. Entendemos que el gobierno nacional intenta bajar el precio en la góndola, pero eso no sucede», aseguró.
«Al desalentar la inversión privada y la producción primaria, lo que va a generar es escasez a largo plazo y un incremento de precios. Los costos locales son altísimos; solo en marzo el combustible aumentó 12 veces, lo que hace que una hora de tractor en Mendoza sea más cara que en cualquier otra parte, a pesar de ser una provincia productora de petróleo», agregó.
El fin de los programas de fomento
La preocupación del bloque justicialista radica en la pérdida de herramientas estatales que, durante décadas, buscaron equilibrar la balanza entre la producción interna y la necesidad de importación. Para el funcionario, el fin de estas políticas no solo afecta la rentabilidad, sino que desarticula un tejido social y productivo histórico.
El diputado advirtió sobre un proceso de desmantelamiento de las redes de contención para el agro. «Mendoza y San Juan tenían programas que venían desde el año 2000 para evitar estas situaciones de desequilibrio y fomentar la producción interna. Todo ese andamiaje ha quedado prácticamente destruido por este nuevo modelo económico», señaló.
Subrayó, además, el impacto multiplicador que tiene el agro en la provincia: «La producción primaria es fundamental en Mendoza. Si golpeamos al productor, golpeamos a la familia y a toda la economía regional. No es solo un problema de las empresas, es un problema social», enfatizó Gómez. En este sentido, destacó que la desaparición de las herramientas de fomento genera un efecto dominó que termina por resentir la actividad comercial de los departamentos.
Citación al ministro de Producción
Ante lo que consideran un «silencio lamentable» por parte del Ejecutivo mendocino, la Legislatura buscará explicaciones oficiales sobre las acciones que se están tomando para defender al sector frente a la política nacional. «Hemos presentado un paquete de informes y la semana que viene vamos a citar al ministro de la Producción a la Comisión de Economía. Necesitamos saber qué soluciones proponen, porque no vemos una política ordenada con el gobierno nacional en un aspecto que golpea profundamente a nuestra provincia», remarcó.
«Estamos a tiempo de revertir la situación si el gobierno provincial decide tomar medidas y defender a nuestros productores. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se destruye lo que tanto costó construir», expresó Gómez.
El riesgo para el consumidor
El legislador concluyó aseverando que la supuesta ventaja de los precios bajos por importación es un espejismo que terminará perjudicando al bolsillo de los ciudadanos a mediano plazo. «Este desfasaje lo va a terminar pagando el consumidor. Cuando la producción local desaparezca y dependamos exclusivamente de lo que viene de afuera, los valores se van a disparar por la falta de competencia interna», analizó.
«El Estado debe tener un criterio de hasta dónde importar y limitar ese ingreso para que la industria local, como la Pulpera de San Rafael que hoy genera valor agregado, pueda seguir existiendo», ejemplificó como conclusión.
