La historia económica nos ha enseñado de manera persistente que las cifras macroeconómicas, por más rigurosas que parezcan en los informes oficiales, adquieren su verdadero significado cuando se traducen en la realidad cotidiana de las comunidades. Recientemente, los datos publicados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) encendieron una luz de alerta en nuestra provincia al revelar que, en el último año, el empleo registrado en Mendoza sufrió una caída del 3,6%. Esta contracción sitúa a la jurisdicción entre las once provincias con mayores pérdidas de puestos de trabajo formales en todo el país.
Detrás de ese porcentaje, frío y estrictamente técnico, existe una realidad social insoslayable: 9.171 mendocinos han perdido su ocupación formal entre febrero de 2025 y el mismo mes de 2026. No se trata únicamente de una fluctuación en las planillas de la seguridad social, sino del debilitamiento del tejido productivo y del sustento de miles de familias. La pérdida del empleo registrado no solo priva al trabajador de un ingreso previsible, sino también de la cobertura social, los aportes jubilatorios y la estabilidad emocional que dignifica la vida familiar. Asimismo, en el segundo mes de este año, se constató un descenso mensual del 0,8%, un indicador que obliga a reflexionar sobre si nos encontramos ante una meseta transitoria o frente a la profundización de un ciclo de deterioro laboral.
Este escenario tiene un impacto directo y palpable en nuestra realidad local. En San Rafael, el sur mendocino experimenta de forma inmediata las consecuencias de estas dinámicas contractivas. Cuando el empleo formal retrocede, se debilita el consumo en el comercio de cercanía, se resienten las pequeñas y medianas empresas locales y se incrementa la presión sobre las estructuras de asistencia social de la comunidad. El departamento, condicionado por los vaivenes de la producción agrícola, la agroindustria y las actividades de servicios, sufre el impacto de quedar en ocasiones al margen de los flujos de inversión más dinámicos de la economía nacional. La falta de una inserción decidida en sectores emergentes o de un fortalecimiento sostenido de las matrices tradicionales se traduce en dificultades estructurales para retener y generar puestos de trabajo calificados y estables en nuestro entorno.
Frente a la estabilización de ciertas variables macroeconómicas nacionales, como la desaceleración de la inflación, surge el verdadero examen para la gestión pública y el sector privado: lograr que la quietud de los precios se traduzca de manera efectiva en poder adquisitivo real y en incentivos concretos para la inversión productiva.
El gran dilema actual radica en descifrar si las cifras de febrero representan un piso firme a partir del cual planificar el desarrollo, o si la inercia del mercado laboral continuará en retracción. Para el sur de Mendoza, el desafío urgente consiste en diversificar e integrar las actividades productivas, garantizando que el empleo formal deje de ser una estadística en declive y vuelva a constituirse en el motor genuino del progreso social.
