Mientras el Gobierno Nacional vuelve a poner al uranio en el centro de su estrategia energética y minera, en San Rafael crece la preocupación por el futuro del complejo minero fabril Sierra Pintada, donde aún persisten pasivos ambientales cuya remediación definitiva sigue lejos de completarse.
La inquietud no es casual. En las últimas semanas se conoció que la administración nacional recortó cerca de $600 millones destinados a las tareas de saneamiento ambiental del predio administrado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), fondos que estaban contemplados para continuar con el tratamiento de residuos y efluentes generados durante décadas de explotación de uranio.
La decisión alimentó las sospechas de organizaciones ambientales, especialistas y sectores de la comunidad sanrafaelina que observan con preocupación cómo la discusión nacional comienza a enfocarse cada vez más en la necesidad de reactivar la producción de uranio, mientras la remediación integral del complejo continúa inconclusa.
El propio sitio oficial de la CNEA admite que el proceso actual solo contempla etapas parciales de saneamiento. En la web institucional de Sierra Pintada se reconoce que “el resto de los pasivos ambientales serán gestionados en futuras etapas”, una definición que confirma que todavía existen sectores y residuos pendientes de tratamiento.
El dato no es menor. Durante años, distintos especialistas en ambiente insistieron en que la remediación no puede limitarse únicamente al tratamiento inicial de efluentes líquidos o residuos prioritarios, sino que debe garantizar el saneamiento completo del predio y un período posterior de monitoreo ambiental que permita verificar que no existen riesgos de contaminación sobre cursos de agua, napas o poblaciones cercanas.
Incluso, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció históricamente condicionamientos estrictos respecto a cualquier intento de reactivación de la actividad minera en Sierra Pintada, exigiendo previamente la remediación de los pasivos ambientales acumulados tras décadas de explotación de uranio.
Sin embargo, el nuevo escenario político y económico parece empujar en sentido contrario.
Con el uranio nuevamente valorizado a nivel internacional y el Gobierno de Javier Milei decidido a potenciar inversiones vinculadas a recursos estratégicos, comenzaron a multiplicarse las señales favorables a una futura reactivación minera. Informes especializados vinculados al sector nuclear ya hablan de Sierra Pintada como una pieza clave dentro del nuevo mapa energético argentino.
El problema es que ese discurso convive con una realidad incómoda: el saneamiento ambiental todavía no está concluido y, lejos de fortalecerse, el presupuesto destinado a la remediación acaba de sufrir un fuerte recorte.
Para San Rafael, el debate excede largamente la discusión minera. Se trata de definir si la urgencia económica y energética del presente puede imponerse por encima de las garantías ambientales que exige una comunidad que durante décadas convivió con residuos, diques de colas y pasivos derivados de la explotación de uranio.
Porque antes de cualquier reapertura, la discusión de fondo sigue siendo la misma: si el Estado realmente está dispuesto a garantizar una remediación completa, controlada y científicamente validada, o si Sierra Pintada volverá a quedar atrapada entre promesas de desarrollo y una deuda ambiental todavía abierta.
