Una de las noticias más importantes de la semana pasada, fue que el Gobierno provincial puso en funciones a los nuevos representantes de la Delegación Sur de la Subsecretaría de Infancias, y también del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) en San Rafael. El nuevo delegado, el abogado Diego Díaz, habló al respecto con FM Vos (94.5) y con Diario San Rafael. La Subsecretaría de Infancias es un organismo que trabaja en la promoción de derechos de menores de edad, aborda problemas ligados a la familia y demás. “Actualmente nos encontramos enrolados dentro de lo que es el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE (que está a cargo del ministro Tadeo García Salazar), y la Subsecretaría está a cargo de la licenciada Verónica Álvarez Ocampo. La función que tenemos dentro de la Subsecretaría y particularmente desde la Dirección General de Protección de Derechos (de cuya delegación en la zona sur estoy a cargo), incluye el trabajo de promoción de derechos, protección de derechos y restitución de derechos”, dijo Díaz y agregó que lo que se busca es ejecutar todas las políticas, en cuanto infancia, niñez, adolescencia, juventudes que ha diagramado el Gobierno provincial, bajo nuevos lineamientos de movernos del Ministerio de Salud al Ministerio de Educación. “Con mucho tino, el gobernador Cornejo entendió que era necesario hacer un abordaje de todas las infancias, desde la primera infancia en un trabajo conjunto no sólo entre los organismos de protección o restitución de derechos, sino también con la DGE, desde un espacio en el que los niños y los adolescentes pasan gran parte de su tiempo”, recordó. Más allá de las tareas lógicas del organismo, en casos extremos en los que no se puede encontrar ningún adulto responsable dentro de la red familiar primaria o secundaria del niño, o un referente vincular significativo (como podría ser un padrino), es ahí cuando se recurre a adoptar una medida de excepción con ejecución en el ámbito de residencia alternativa (los hogares). “Desde allí se continúa abordando la situación del niño en procura de restablecer todos los derechos que han sido vulnerados, y trabajar en una posible restitución con algún adulto responsable. Otra de las alternativas a las que se puede arribar en algunos casos, es a la declaración del estado de adoptabilidad, y para el caso de que todas estas estrategias no se logren, se comienzan a realizar tareas en procura de que ese sujeto de derechos obtenga una mayor autonomía de cara a la vida adulta”, explicó el abogado Diego Díaz y resaltó que hay mucho trabajo estatal para evitar que el niño se vea perjudicado de cualquier manera.
