La Municipalidad de San Rafael avanzará con sanciones contra empresas contratistas luego de detectar deficiencias en la recomposición de sectores de la vía pública intervenidos para la realización de obras de servicios. Las irregularidades quedaron expuestas especialmente después de las últimas lluvias y provocaron inconvenientes para vehículos que circulaban por esos lugares.
Mariano Miras, subsecretario de Ordenamiento de la comuna, explicó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que las situaciones llegaron a conocimiento del Municipio también gracias a la participación de los vecinos, que acercaron fotografías y videos de los inconvenientes registrados.
“A nosotros siempre nos interesa y nos sentimos agradecidos cuando la ciudadanía participa de lo que es la gestión, haciendo su reclamo y su observación al respecto”, expresó el funcionario.
Según detalló, entre los episodios detectados estuvo el hundimiento de las ruedas de una camioneta al estacionar en un sector que había sido intervenido en avenida Hipólito Yrigoyen. También se registraron otros inconvenientes sobre el pavimento en avenida Granaderos derivados de trabajos que, de acuerdo con la evaluación municipal, no fueron terminados respetando las condiciones establecidas.
Miras explicó que cuando una empresa realiza una intervención de este tipo debe dejar consolidada nuevamente la arteria para permitir una circulación segura y restituirla a las condiciones correspondientes. En los casos analizados, sostuvo, “no hubo un cumplimiento fidedigno de esos términos”.
La situación motivó la intervención de las áreas municipales competentes y el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes contra las contratistas involucradas por los perjuicios ocasionados en el espacio público.
Uno de los aspectos centrales es la compactación del terreno después de una excavación. Miras explicó que cuando se abre una calle para realizar trabajos vinculados con servicios, no alcanza simplemente con volver a colocar el material que fue retirado.
“Cuando vos perforás y zanjeás un determinado lugar, ese lugar tiene una base importante, que es sobre la cual se hace el pavimento. Para constituir esa base importante del pavimento no se hace tirando el material sobrante o que vos extrajiste del lugar”, señaló.
La tarea requiere una técnica determinada y forma parte de las obligaciones de la contratista. El objetivo es reconstruir la base sobre la cual posteriormente quedará asentado el pavimento y conseguir que tenga condiciones similares a las existentes antes de la intervención.
En ese sentido, Miras fue categórico respecto de lo sucedido: “Acá hubo claramente una falta por parte de la contratista a la hora de generar esa compactación”.
Las precipitaciones persistentes registradas recientemente terminaron haciendo más visibles esas falencias. El funcionario explicó que el agua puede provocar un fenómeno de lavado del suelo cuando el terreno no fue recompuesto adecuadamente.
Al producirse ese proceso, el material puede decantar y dejar espacios vacíos debajo de la superficie. Como consecuencia, el terreno pierde solidez estructural y aumenta la posibilidad de que ceda cuando pasa un vehículo.
Más allá de los daños materiales registrados, desde la comuna pusieron especial énfasis en el peligro que estas deficiencias representan para quienes circulan por la vía pública. Miras remarcó que en esta oportunidad no hubo que lamentar consecuencias personales graves, pero planteó qué podría ocurrir si quien encuentra una irregularidad semejante es un motociclista o un ciclista.
“Esto sucedió con un vehículo que, gracias a Dios, no trajo consecuencias más allá de una situación de tipo económico, pero imaginate si pasa una moto, una bicicleta y de repente colisiona con esa imperfección que generó la contratista”, expresó.
Para el subsecretario, una situación de esas características podría derivar incluso en consecuencias mucho más graves. “Estamos hablando hoy en día de que puede ser una tragedia. No podemos generar una trampa mortal dentro del territorio”, advirtió.
Frente a los episodios detectados, el Municipio decidió avanzar administrativamente. “Tenemos que tomar acciones contra estas empresas porque lo que hacen es generar un perjuicio contra los vecinos”, manifestó Miras.
El funcionario confirmó que las contratistas serán sancionadas económicamente de acuerdo con las disposiciones vigentes. “Se las va a multar en función del incumplimiento justamente de lo que se comentaba de la ordenanza 3029”, indicó, y agregó que el Código de Verificación de la Municipalidad contempla acciones económicas frente a este tipo de situaciones derivadas de malas prácticas durante la ejecución de las obras.
Miras aclaró además que la responsabilidad no termina necesariamente en la firma que efectivamente realiza los trabajos. También alcanza al ente promotor que encarga la intervención y que debe controlar que la obra se ejecute respetando las condiciones técnicas y de seguridad establecidas.
“Puede haber alguien que ejecuta la obra, pero es otra persona la que la está demandando, personas jurídicas en este caso”, explicó.
En ese marco, consideró que el organismo o entidad que promueve los trabajos también debe evaluar la calidad de la obra y el desenvolvimiento de la empresa contratada.
“No es solamente una responsabilidad de la contratista sino también una responsabilidad del ente promotor de velar por la seguridad y cumplimiento de toda la normativa municipal en este caso”, remarcó.
Respecto de las intervenciones que originaron los inconvenientes detectados recientemente, Miras señaló que, según la información con la que contaba, correspondían a obras relacionadas con el mejoramiento del servicio eléctrico. Sin embargo, hizo hincapié en que las exigencias son exactamente las mismas independientemente del servicio involucrado.
Cada vez que una obra requiere perforar, abrir o intervenir una calle, las empresas deben completar todos los pasos técnicos necesarios antes de considerar terminado el trabajo. Esto comprende tanto la reconstrucción y compactación de la base como la correcta restitución de la superficie afectada.
“Sea agua, sea luz, sea gas, sea fibra óptica o cualquier servicio que vaya soterrado en el territorio y que afecte una arteria de circulación tiene que estar debidamente revisado”, sostuvo.
El subsecretario insistió en que las condiciones están establecidas y que las empresas conocen cuáles son los procedimientos que deben respetar. “Está todo específico, no hay grises en esto de cómo tienen que desarrollarse justamente las acciones”, aseguró.
Para el Municipio, el objetivo es compatibilizar la necesidad de realizar obras para mejorar o ampliar los servicios con la obligación de preservar la seguridad de quienes utilizan diariamente las calles. “Tenemos las obras, pero también tenemos la seguridad de los vecinos”, resumió Miras.
Finalmente, el funcionario recordó que la participación ciudadana resulta importante para detectar rápidamente este tipo de situaciones. Si un vecino observa una intervención que quedó en malas condiciones, un hundimiento, una rotura o cualquier circunstancia que pueda representar un peligro, puede efectuar el correspondiente reclamo ante la Municipalidad.
“Normalmente este tipo de denuncias se reciben en Obras Privadas porque a través de Obras Privadas tenemos la facultad y la capacidad de poder ir a inspeccionar y generar un dictamen técnico específico respecto a lo que sucedió”, explicó.
De esa manera, una vez recibido el reclamo, el área puede realizar la inspección correspondiente, determinar técnicamente qué ocurrió y, en caso de comprobarse incumplimientos, avanzar con las actuaciones previstas contra los responsables.
