El debate alrededor de la seguridad penitenciaria, el ciberdelito y el control de los establecimientos carcelarios en Mendoza volvió a tomar centralidad legislativa. Tras la presentación de un proyecto de resolución en el Senado provincial para evaluar el cumplimiento de la normativa que prohíbe el uso de telefonía móvil dentro de los penales, el legislador Dugar Eduardo Chappel (Partido Verde) denunció la existencia de un «doble discurso» por parte del Gobierno de Mendoza. El parlamentario señaló que, mientras las autoridades provinciales afirman públicamente que la telefonía celular está erradicada de los pabellones, la realidad expone hallazgos sistemáticos de dispositivos y la participación de reclusos en transmisiones públicas y maniobras de estafa. Asimismo, cuestionó el uso de la mayoría oficialista para bloquear los pedidos de informes y responsabilizó a la gestión provincial por la falta de instalación de inhibidores de señal.
Las irregularidades en los penales
La iniciativa parlamentaria se fundamenta en el marco normativo nacional que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad y exige la restricción total de comunicaciones móviles no controladas en los complejos penitenciarios del país. «El proyecto apunta al cumplimiento de la Ley 24.660, que es la norma real que establece que no puede haber dispositivos de telefonía móvil en las cárceles del país, no solamente de Mendoza. Esa prohibición se levantó transitoriamente durante la emergencia sanitaria (pandemia) por razones humanitarias y de salud. Lo que sucede es que el gobierno provincial manifiesta reiteradamente en forma mediática que no existen celulares en los penales de la provincia», planteó Dugar Chappel en diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael. «Eso lo hacen en cada declaración de la ministra de Seguridad y en cada declaración del gobernador, mostrándose inflexibles. Sin embargo este año hubo dos acontecimientos que lo demostraron: uno fue un streaming desde Buenos Aires donde reclusos de Mendoza participaron en vivo mediante telefonía móvil, y en abril se encontraron más de 40 celulares en los pabellones», añadió.
Ciberdelito e inhibidores de señal
La proliferación de estafas virtuales y fraudes telefónicos organizados desde los centros de detención reabrió el reclamo por la instalación de tecnología de bloqueo de señal en los perímetros carcelarios. Ante este escenario, el legislador rebatió los argumentos sobre las demoras operativas ligadas a organismos nacionales como el ENACOM. «A este doble discurso presentamos un pedido de informes. Nos hacen votar una ley de ciberseguridad para proteger al gobierno ante las estafas virtuales, y en ese mismo momento vemos que en las cárceles se sigue usando telefonía celular. La Ley 24.660 no solamente prohíbe el uso de celulares, sino que obliga a los establecimientos a colocar dispositivos inhibidores de señal«, aseguró Chappel. «Por ejemplo, todos los bancos de la provincia tienen un servidor propio y no requieren de autorizaciones complejas del ENACOM para gestionar su conectividad o sus bloqueos; es algo muy sencillo de conseguir. Sin embargo, hoy en los penales los reclusos tienen plena señal. La Ley 24.660 no distingue entre cárceles provinciales y federales: es una prohibición taxativa para todas las penitenciarías», sentenció. «Cuando uno presenta un pedido de informes lo que busca es colaborar para arreglar el problema, no para taparlo. El gobierno de la provincia se queda callado, no contesta nada y deja que pase el tiempo para diluir el asunto», criticó.
Falta de debate en la Legislatura
El trámite del proyecto de resolución enfrentó la negativa de la bancada oficialista en la Cámara de Senadores, situación que el representante del Partido Verde encuadró dentro de una práctica recurrente de neutralización de las iniciativas opositoras relacionadas con el funcionamiento del Estado. «El oficialismo no aprueba nada de las cosas importantes; aprueba declaraciones de interés público menores, pero a todas las cuestiones que hacen a la vida de los mendocinos les dicen que no», enfatizó. «Nosotros tuvimos que encarar esta iniciativa justamente a partir del streaming de un influencer de Buenos Aires donde quedó expuesto que los presos de Mendoza tienen todos señal y dispositivos móviles. El miembro informante del oficialismo manifiesta que Mendoza está en un estándar por encima de todas las provincias en la lucha contra el ciberdelito, pero sin embargo no son capaces de colocar inhibidores de señal en los penales», apuntó. «Todos sabemos, y ellos también lo saben, que las estafas telefónicas provienen continuamente de las cárceles», expresó el senador opositor al cierre del reportaje.
