En el marco de la polémica por la implementación del nuevo régimen penal juvenil, un dato no debería pasar por alto: apenas el 1,8% de los delitos registrados en el país son cometidos por menores de edad.
Ese menos del 2% eran los delitos que cometían los menores de 0 a 18 años. Si se tiene en cuenta que la edad de punibilidad bajó ahora de los 16 a los 14 años, huelga decir que los «menores delincuentes» que se sumarán al mundo penal será casi inexistente.
Pero aún suponiendo que realmente fuera un problema para debatir periódicamente y conseguir sancionar una norma que endurezca el sistema, debe decirse que construir una emergencia legislativa nacional sobre una proporción tan marginal expone la manipulación discursiva de un Estado que fabrica chivos expiatorios para encubrir su propia ineptitud en materia de prevención, inteligencia criminal y contención social.
Por estos días, propios y extraños admiten que es muy probable que se haya modificado el régimen penal de adolescentes al calor de la indignación selectiva, atacando un síntoma microscópico mientras la macrodelincuencia, operada y dirigida por adultos en los sótanos de la economía ilegal, goza de una preocupante impunidad.
La pregunta verdaderamente insoslayable que el relato oficial elude formular es de una lógica aplastante: si el sistema penitenciario argentino ha fracasado de manera rotunda y sistemática en su fin resocializador —incumpliendo flagrantemente el mandato expreso de la Constitución Nacional que exige la readaptación social de los condenados—, por qué motivo se supone que ese mismo engranaje clausurado y violento funcionará con los adolescentes.
Pretender que una maquinaria carcelaria ya colapsada, convertida históricamente en una fábrica de reincidencia y crueldad, devuelva rehabilitados a jóvenes a los que el propio Estado jamás les garantizó un piso mínimo de dignidad, es un ejercicio de cínica hipocresía institucional.
Encerrar el fracaso social tras los muros de institutos colmados de desidia no es hacer justicia, sino firmar el acta de defunción del futuro de esos pibes. Lejos de ofrecer una solución al problema de la inseguridad, el nuevo régimen penal se consolida como un monumento a la impotencia política: una respuesta punitiva demagógica y desesperada que prefiere esconder el abismo antes que atreverse a fondo a resolver las causas que lo originaron.
