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Lucha antigranizo: Ambrosini y Gómez debatieron sobre el financiamiento y la responsabilidad de la Provincia y los municipios

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La continuidad de la lucha antigranizo en el sur mendocino volvió a ocupar un lugar central en el debate político. Los diputados provinciales Franco Ambrosini, de la Unión Cívica Radical, y Germán Gómez, del Partido Justicialista, expusieron sus posturas durante el programa Todas las Voces, que se emite por FM Vos 94.5 y conducen Ariel Sat y Alejandro Sosa. La temática principal y a la que se convocó a los invitados del programa fue la regalías sobre el complejo Los Nihuiles y la batalla con la vecina provincia de La Pampa por su porcentaje, pero luego derivó en otro tema fundamental para el sur, como es la lucha antigranizo por aviones. Aunque ambos legisladores sanrafaelinos llegaron a puntos en común en que el sistema constituye una herramienta de ayuda para proteger la producción, expresaron diferencias sobre quién debe afrontar su financiamiento y garantizar su funcionamiento.
Ambrosini sostuvo que la discusión requiere dirigentes capaces de superar las disputas partidarias y alcanzar una solución duradera. “Lo que necesitamos hoy en la sociedad sanrafaelina es que haya líderes que se pongan por encima de las situaciones. Lo único que estamos viendo en estas últimas semanas es que hacen nacionalismo del sanrafaelino contra Mendoza, y nosotros necesitamos liderazgos que busquen soluciones”, manifestó.

Franco Ambrosini


El legislador radical destacó los recursos que, según indicó, ya puso a disposición el Gobierno provincial. “La Provincia ha puesto su parte: ha puesto los aviones, la radarización y ha hecho un seguro agrícola robusto para que ese dinero vaya directamente al bolsillo de los productores”, aseguró.
En ese sentido, remarcó que la mayor parte de las tormentas graniceras de Mendoza se registra en el sur provincial. “El 70% de las tormentas graniceras se produce en el sur. De ese porcentaje, alrededor del 70% corresponde a San Rafael y el 30% a General Alvear”, explicó.
A partir de esos datos, Ambrosini consideró que los municipios también deben comprometer recursos. “El municipio tiene que tomar cartas en el asunto y poner su parte si quiere que se haga la lucha antigranizo. No podemos comprometer los recursos de toda la provincia en uno o dos departamentos”, afirmó.
El diputado de la UCR recordó que el Municipio de San Rafael manifestó su disposición a destinar 1.500 millones de pesos al programa. “San Rafael ha puesto a disposición 1.500 millones de pesos. Hay que ver si eso alcanza para afrontar la lucha antigranizo y para que realmente se pueda realizar”, señaló.
Consultado acerca de la efectividad del sistema, Ambrosini respondió: “Si está dentro de las posibilidades, la lucha se tiene que hacer”. También aclaró que la intervención sobre las tormentas no evita completamente los daños: “Partamos de la base de que la lucha viene a mitigar. No es que, por tenerla, no va a caer granizo”.
Ambrosini también destacó la posición asumida por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema. “El que le dio claridad a esto fue el ministro Mema, que fue claro y dijo que los aviones están a disposición”, indicó.
Por otra parte, se refirió al aporte que realizan los usuarios sanrafaelinos mediante la factura eléctrica. “Los ciudadanos de San Rafael, además de pagar sus impuestos, aportan en la boleta de la luz para la lucha antigranizo. Son más de mil millones de pesos que aporta la sociedad sanrafaelina”, sostuvo.
El diputado radical también respondió sobre las condiciones del seguro agrícola y las auditorías realizadas a los establecimientos beneficiarios. “Hay fincas que no estaban produciendo y estaban cobrando el seguro agrícola. Entonces, se tiene que auditar y ajustar, y el Ministerio de Producción está trabajando en eso”, explicó.
Asimismo, advirtió que las heladas adelantadas obligan a analizar una modificación en la fecha de inicio de la cobertura. “El seguro comienza a partir del 21 de septiembre, pero las heladas se han adelantado. Se está trabajando para que se tenga presente la posibilidad de comenzar el 1 de septiembre”, adelantó.

Gómez reclamó que la Provincia garantice los recursos


Germán Gómez, diputado del Partido Justicialista, coincidió en la necesidad de mantener la lucha antigranizo, pero rechazó que la responsabilidad económica recaiga principalmente sobre los municipios. Para el legislador, se trata de un programa provincial vinculado directamente con el desarrollo económico del oasis productivo del sur.
“La discusión sobre si sirve o no sirve tiene que centrarse en una cuestión técnica. Nosotros tenemos números de dos temporadas y estadísticas de veinte años que demuestran que la lucha antigranizo sirve”, aseguró.
Gómez reconoció que San Rafael y General Alvear concentran gran parte de las tormentas severas, aunque cuestionó que ese argumento se utilice para trasladar el costo del programa a las comunas. “Es cierto que un alto porcentaje de las tormentas complicadas se produce en la zona sur, particularmente en San Rafael y General Alvear. Pero, con ese criterio, las regalías de Los Nihuiles tendrían que pertenecer exclusivamente a San Rafael, al igual que el petróleo que produce el departamento”, comparó.

Germán Gómez


El diputado justicialista sostuvo que la protección contra el granizo es indispensable para sostener la inversión agrícola. “Es imposible hablar de desarrollo sin tener lucha antigranizo. Nos hablan de plantar pistachos y de potenciar nuevas actividades, pero para eso necesitamos una protección mínima”, manifestó.
También planteó que la disponibilidad de las aeronaves no resulta suficiente para garantizar el servicio. “No es solamente poner dos aviones, que en realidad son tres. En muchas operaciones del año pasado, por la envergadura de las tormentas, hubo tres aviones trabajando y necesitamos otro de respaldo por si alguno se rompe”, explicó.
Según Gómez, uno de los principales obstáculos es el costo de la pirotecnia necesaria para intervenir las celdas graniceras. “Estamos hablando de más de 6.000 cartuchos y 6.000 bengalas, con un costo superior al millón de dólares. ¿De dónde lo van a sacar General Alvear o San Rafael?”, preguntó.
En esa línea, afirmó que las dificultades económicas de los municipios se agravaron como consecuencia de la caída de la coparticipación. “San Rafael está dispuesto a colaborar, pero no puede hacerse cargo de todo. Esto es una cuestión que hace al desarrollo económico de una región y de un oasis”, sostuvo.
Gómez responsabilizó al Ejecutivo mendocino por la situación actual. “A partir de esta fecha existe una responsabilidad exclusiva y excluyente del Estado provincial, porque este era un programa provincial, no municipal. El que decidió desarticularlo fue el Gobierno de la Provincia”, expresó.
El diputado del PJ acompañó la propuesta del intendente Omar Félix de alcanzar un convenio por ocho años. “Lo que plantea el intendente es estratégico. Si lo vamos a hacer, no podemos estar todos los años discutiendo quién pone la plata”, señaló.
Asimismo, recordó que la campaña anterior pudo concretarse utilizando insumos que habían quedado de temporadas anteriores. “El año pasado se trabajó con remanentes de pirotecnia de otras campañas. La Provincia aportó los aviones, los radares y esos recursos. De esa manera se pudo hacer”, indicó.
Gómez también sostuvo que el seguro agrícola, aunque representa una ayuda, no reemplaza la mitigación activa de las tormentas. “El seguro alcanza a cubrir una parte, pero no resuelve el problema. Cuando a un productor le cae una manga de piedra, no significa que al año siguiente volverá a cosechar normalmente. Muchas plantas pueden demorar años en recuperar sus condiciones productivas”, explicó.
Para defender la efectividad del sistema, presentó cifras sobre la superficie afectada. “Sin lucha antigranizo se perdieron 11.000 hectáreas; con la lucha se bajó a 5.000. En las últimas dos temporadas se afectaron alrededor de 2.400 hectáreas y más de 8.000 quedaron protegidas. Son datos generados por una estructura que armó el propio Gobierno provincial”, afirmó.
Finalmente, Gómez insistió en que las comunas pueden intervenir en el control y la administración, pero no asumir la totalidad del costo. “Los municipios pueden colaborar, auditar y gestionar, pero los recursos económicos tienen que aparecer por parte de la Provincia”, concluyó.

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