La de hoy se perfila como una de las jornadas más densas e incandescentes de los últimos tiempos en el escenario político nacional. La confluencia de la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso no es una protesta aislada ni un reclamo sectorial más: ocurre en medio de un punto de máxima tensión institucional, marcado por la orden judicial —con multas e intimaciones incluidas— que le exige al Gobierno cumplir con la ley de financiamiento, y la contundente respuesta oficial de apelar cada fallo para no ceder un ápice en su plan de ajuste.
A pocas cuadras de las movilizaciones, la atención se traslada puertas adentro del recinto de la Cámara de Diputados, donde el foco se posa sobre la suerte del tristemente célebre DNU 70/2023, la piedra basal sobre la que se edificó este modelo de desregulación y asfixia económica. En momentos donde su vigencia tambalea ante el creciente rechazo acumulado, la gran incógnita pasa por la ingeniería política del oficialismo para blindar su herramienta de gobierno: ¿cómo hará para articular los votos necesarios y sostener el decreto? ¿Qué socios circunstanciales encontrará en el mosaico parlamentario y con qué herramientas los «arreglará» para evitar un revés que desestructure el corazón de su gestión? ¿Será a fuerza de billetera como ya ha hecho antes?
La respuesta a estos interrogantes desnuda la frágil arquitectura de acuerdos que sostiene el sistema político actual. Porque mientras la calle clama por presupuesto educativo y previsibilidad, el oficialismo se aferra a una lógica de confrontación permanente, buscando voluntades en bloques aliados e interesados que deberán decidir si acompañan un esquema que sigue deteriorando el tejido social y productivo del país.
Desconocer fallos judiciales, judicializar la protesta y atrincherarse en decretos de necesidad y urgencia no es gobernar con fortaleza; es administrar un estado de excepción permanente.
Las paredes del Congreso volverán hoy a ser testigos de ese choque inevitable entre la legalidad republicana, el reclamo legítimo de una sociedad que se niega a desfinanciar su futuro y un poder político que prefiere jugar a las escondidas y comprar voluntades antes que escuchar el pulso real de la Nación.
