Abogado constitucionalista fue muy crítico sobre el denominado Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) que contempla la Ley de Bases

El jurista mendocino Fernando Armagnague, exdiputado nacional por la UCR y constituyente de 1994, criticó fuertemente el régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI) propuesto por el Gobierno Nacional en el proyecto de Ley de Bases. Armagnague, ex convencional constituyente y destacado miembro del radicalismo, expresó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que este régimen podría tener serias repercusiones para Argentina, afectando tanto su economía como su soberanía.
“El capítulo de la Ley Bases, del llamado RIGI, es el más importante y también el más peligroso de toda la propuesta. No se trata solo de las ganancias o la reforma laboral, sino de consagrar un patrón productivo que convierte a Argentina en un mero exportador de materias primas, dominado por multinacionales”, explicó Armagnague.
El RIGI, que busca incentivar inversiones en minería, petróleo, gas y potencialmente en el sector agropecuario durante los próximos 30 años, ofrece beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros significativos. “El núcleo del RIGI consiste en permitir inversiones de más de 200 millones de dólares con arancel cero para importar maquinaria y también para exportar los productos. Esto, en mi opinión, representa una pérdida pura para el país”, afirmó.
Armagnague argumentó que, aunque las inversiones extranjeras son necesarias, el régimen propuesto no deja un margen razonable de ganancias para Argentina. “Nadie cuestiona que se necesiten inversiones extranjeras, pero deben dejar un margen razonable de ganancias para nuestro país. Con este régimen, estamos hablando de arancel cero para la importación de maquinaria pesada y, en algunos casos, incluso de trabajadores extranjeros. ¿Cuál es la ganancia para el país?”, cuestionó.
Una de las preocupaciones principales de Armagnague es el impacto ambiental y social que estas inversiones podrían tener, especialmente en regiones como Mendoza. “La minería, ya de por sí, deja solo un 1,5% de ganancias y provoca secuelas ambientales graves. En Mendoza, por ejemplo, el problema del agua es crucial. Este régimen podría empeorar la situación”, advirtió.
Asimismo, Armagnague destacó la amenaza al federalismo que representa el RIGI. Según la Constitución reformada en 1994, los recursos naturales son de dominio provincial, y el régimen propuesto podría violar esta norma. “Esta ley ataca directamente al federalismo. Los recursos naturales son de dominio inalienable e imprescriptible de las provincias. La Ley de Bases de la Nación avanza sobre esta autonomía provincial”, sostuvo.
El doctor también hizo referencia a la importancia de la seguridad jurídica para atraer inversiones extranjeras, una condición que, según él, no está garantizada con la propuesta actual. “Toda inversión extranjera necesita seguridad jurídica. En Argentina, los cambios de gobierno generan incertidumbre. Un plan a 30 años necesita consensos previos y sostenibilidad”, explicó.
Armagnague subrayó la necesidad de un consenso previo y de un plan económico claro, citando el ejemplo del pacto de la Moncloa en España. “En España, se hizo el pacto de la Moncloa antes de las elecciones. Aquí, debería haber un acuerdo federal antes de aprobar esta ley. Sin un consenso, la propuesta carece de legitimidad y sostenibilidad”, dijo.
En cuanto a la posición del radicalismo y de los representantes de Mendoza, Armagnague fue claro en su postura. “La legislatura de Mendoza debería dar un mandato imperativo a los senadores para votar en contra de este capítulo de la ley bases. La pasividad y el silencio actuales son inaceptables”, criticó.
Armagnague también cuestionó la estrategia del gobierno para atraer inversiones: “El gobierno busca generar un boom de inversiones, pero sin ofrecer una seguridad jurídica adecuada y con un régimen que entrega recursos naturales sin beneficios claros para el país, esto no sucederá”, afirmó.
Finalmente, Armagnague expresó su esperanza de que sus preocupaciones sean escuchadas y consideradas seriamente. “Ojalá me equivoque, pero veo un futuro complicado si se aprueba este régimen tal como está propuesto. Es fundamental que los senadores nacionales defiendan los intereses del país y de sus provincias”, concluyó.