La crisis económica que se vio agudizada con la llegada de la pandemia, ha dejado a muchas personas con complicadas consecuencias financieras. Desde la Federación Económica de Mendoza aseguran que todo esto ha generado daños económicos irreversibles para las empresas y para los trabajadores. Sobre ello el presidente de aquella entidad, Alfredo Secchi, dialogó con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
“La pandemia ha puesto blanco sobre negro muchísimos de los problemas que los veníamos llevando con un poco más de calma. La crisis y las imposiciones del Gobierno nacional fundamentalmente para impedir despidos o la doble indemnización en momentos donde realmente no hay actividad económica, no hay trabajo, ha puesto en situaciones difíciles a muchísimas pymes”, dijo, y aclaró que el 60% de las pequeñas y medianas empresas en Argentina “tienen menos de diez empleados”. “Realmente los problemas se manifiestan en toda su magnitud en este segmento, porque las pymes han estado no solamente afectadas por la pandemia, sino que su tamaño y sus posibilidades de afrontar un juicio laboral se vuelven absolutamente perniciosas”, aseguró, y agregó que “una pyme que no factura, una pyme que no vende y tiene diez empleados, a lo mejor si suspende a cinco o llega a un arreglo con cinco, puede mantenerse en funcionamiento y a los otros cinco con trabajo; el tema es que los juicios laborales impiden que esa empresa siga trabajando, los diez empleados se quedan sin trabajo, la empresa se funde y rompe el tejido pyme nacional, que es lo que los está sosteniendo”.
Secchi expresó además que “los juicios laborales para este segmento de empresas, para las pymes argentinas, representan un gravísimo daño, fundamentalmente para el ‘trabajador pyme’. Entonces como esto está en manos de la Justicia, no es una decisión del Ejecutivo nacional, lo que hemos hecho nosotros es ponernos directamente a través de CAME con la primera reunión regional, que estamos haciendo a nivel nacional, y hablar con la Suprema Corte de Justicia de Tucumán”. Lo que se ha intentado es que, a través de una magistrada, se federalice el reclamo que poseen todas las pymes del interior del país, pues la idea es que el reclamo de todas las provincias llegue a Nación.
