La política económica de una nación no puede medirse únicamente por la frialdad de su equilibrio fiscal si ese resultado se alcanza a costa de la integridad de sus ciudadanos más desprotegidos. La situación crítica que atraviesa el PAMI, señalada como un «colapso sanitario» provocado por el sostenimiento de un ajuste inflexible, nos sitúa ante un dilema ético y republicano de proporciones alarmantes. Cuando el Estado decide priorizar la caja por sobre la provisión de medicamentos y servicios médicos esenciales, el derecho humano básico a la salud y a una vejez digna está muy amenazado.
Para el jubilado que camina cada calle de San Rafael buscando una farmacia que todavía mantenga el servicio o esperando un turno que nunca llega, las explicaciones sobre la macroeconomía suenan a una burla cruel. Cuando Milei ganó las elecciones prometiendo un ajuste fenomenal, lo hizo asegurando que ese sacrificio lo haría «la casta». Al final, la realidad muestra que los jubilados han pagado una parte importante de esas políticas.
El PAMI no es una empresa privada sujeta a las leyes de la eficiencia del mercado; es un instrumento de justicia social (esa que Milei considera un sacrilegio) y un garante de estabilidad para quienes ya entregaron toda una vida de trabajo. Que hoy se hable de un quiebre en la cadena de pagos y de un vaciamiento de servicios es el síntoma de una gestión que parece haber olvidado que el espíritu republicano se sostiene, precisamente, en el cuidado de los más débiles frente a la arbitrariedad del poder.
Resulta peligroso que el discurso oficial intente naturalizar este colapso como un «costo necesario» para alcanzar la estabilidad. La salud no admite esperas ni prórrogas; un tratamiento interrumpido o una cirugía postergada en la tercera edad pueden tener consecuencias irreversibles. Si la red se rompe para sostener el relato estamos como nunca ante un sistema que descarta a sus integrantes cuando ya no resultan productivos para el esquema contable de turno.
La crisis del PAMI es el reflejo de un modelo de gestión que -a vista está- deshumaniza la política. El Estado tiene el deber ineludible de garantizar la continuidad de las prestaciones sanitarias, independientemente de los vaivenes de la economía. El orden y el equilibrio fiscal son deseables, por supuesto, pero nunca pueden ser el pretexto para el abandono de los adultos mayores. Defender al PAMI es defender la decencia de una sociedad que se niega a considerar a sus abuelos como una variable de ajuste. La verdadera grandeza de una nación se mide por cómo trata a sus ancianos, y hoy, lamentablemente, el espejo nos devuelve una imagen de abandono que debería avergonzar a quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos del país.
