La Legislatura provincial sumó a su agenda de debate un proyecto de ley que busca dar respuesta a la delicada situación económica que atraviesa una parte importante de la población de la provincia. La iniciativa propone la creación del Programa de Rescate Financiero para Hogares Mendocinos, una herramienta de mediación pública que apunta a reestructurar los pasivos de las familias que se encuentran en situación de morosidad con el sistema bancario y de tarjetas de crédito.
El autor de la propuesta, el senador provincial sanrafaelino Mauricio Sat (PJ), fundamentó la urgencia de la norma en base al fuerte incremento de los procesos judiciales de quiebra registrados en Mendoza, detalló los topes de cuotas y plazos que prevé el marco regulatorio y aclaró en qué condiciones de voluntariedad se sentarán a negociar deudores y entidades financieras.
Un indicador crítico: el salto del 76% en los procesos de quiebras personales
El escenario de endeudamiento doméstico en la provincia se tradujo en un indicador alarmante dentro del ámbito judicial, reflejando que la mora ya superó la capacidad de contención de las economías familiares. «Este proyecto tiene que ver un poco con el contexto que se está viviendo. Más allá de la opinión o la percepción que uno pueda tener cuando mantiene diferentes reuniones en los barrios, hay datos duros que preocupan sobre cómo ha aumentado el endeudamiento en los hogares argentinos y, lógicamente, en los mendocinos y sanrafaelinos. Un dato clave y que no deja de ser menor surge de la propia Suprema Corte de Justicia de la provincia: los procesos de quiebras personales han registrado un incremento vertiginoso del 76% en el último tiempo», aseguró Mauricio Sat ante los micrófonos de FM Vos 94.5.
«Ante dicha situación, lo que nosotros estamos planteando es un rescate financiero generado a través de un programa estatal. Es una propuesta totalmente voluntaria, lógicamente, porque se trata de deudas que existen entre privados. Sobre este punto, el Estado, más allá de generar las condiciones para ayudar, entiende que es un conflicto entre particulares y lo que corresponde es propiciar un esquema que acerque a las partes bajo ciertas pautas de razonabilidad«, añadió.
Las reglas de la reestructuración: el límite del 30% del ingreso y hasta 60 cuotas
El proyecto de ley ingresado a la Cámara Alta provincial busca establecer un marco de moderación para que las entidades acreedoras no asfixien los ingresos indispensables para la subsistencia de los deudores. «Lo que nosotros estamos estableciendo por ley es fijar un tope mínimo de cuánto puede una entidad acreedora afectar del ingreso mensual de un ciudadano, planteando que la cuota no supere entre el 30% y el 40% acorde al ingreso mensual familiar promedio. A su vez, hemos establecido un límite máximo de financiamiento de hasta 60 cuotas. Pretendemos crear un esquema donde se busque un refinanciamiento sustentable, adaptándolo a tasas y condiciones reales, con una mediación gratuita a través de la estructura que posee el Estado para que esto no genere costos extras a las familias», destacó Sat.
«Buscamos poner límites a cuotas que hoy asfixian los ingresos, lograr la eliminación de intereses punitorios y proteger el salario y el trabajo. Los plazos y porcentajes surgen de estudios y de experiencias que han funcionado en otros lugares, donde se demuestra que esa es la verdadera capacidad de pago real que tiene una persona en crisis», fundamentó.
Voluntariedad y el beneficio de evitar la exclusión del sistema financiero
Al tratarse de contratos de órbita privada, la normativa no busca imponer una quita obligatoria, sino ofrecer una alternativa atractiva para que los bancos recuperen acreencias que, de otro modo, irían a litigios incobrables. «Es totalmente entendible y razonable que el sistema bancario pueda decir en un caso concreto que no le sirve lo que está ofreciendo el cliente o el Estado a través de este programa; por eso aclaré que es un esquema totalmente voluntario. Si una de las partes no está de acuerdo, lógicamente no hay herramientas constitucionales para poder condicionar o modificar de forma obligatoria una deuda entre privados. Sin ir más lejos, el propio Banco Nación ha descargado un esquema de refinanciación para morosidades mayores a tres meses. Muchas entidades financieras terminan prefiriendo cobrar un esquema de cuotas razonable y seguro antes que terminar en un juicio largo que, si la persona no tiene garantías, lógicamente la entidad no lo termina cobrando nunca», declaró el senador provincial.
«Además, cuando el cliente queda excluido del sistema bancario, se genera un doble problema. Lo que se pretende es buscar herramientas que le terminen sirviendo al privado; esto no se trata de que el Estado salga a pagar o a absorber las deudas de la gente», aclaró.
Creación de un cuerpo de mediadores y alternativas de subsidio de tasas
El mecanismo operativo del programa se estructurará mediante una plataforma digital administrada por profesionales del Ejecutivo, dejando abierta la posibilidad de asistencia financiera directa según la voluntad política del gobierno de turno. «El mecanismo operativo, si el proyecto es aprobado en la Legislatura, prevé la creación de una plataforma totalmente virtual donde el deudor podrá exponer su situación ante un cuerpo de mediadores dependiente del Ministerio de Hacienda. El objetivo central es propiciar un acercamiento directo entre el ciudadano y la entidad bancaria para acordar alternativas viables de pago. Actualmente se observa una rueda muy peligrosa, en la que muchas familias entran en un endeudamiento permanente solo para refinanciar pasivos anteriores o cubrir el consumo básico, lo que se transforma en un camino sin salida. Para mitigar esto, el proyecto contempla la opción de constituir un fideicomiso; si el Ejecutivo provincial decide en el futuro dotar a esta herramienta con partidas presupuestarias para subsidiar tasas o intervenir de forma más activa, ya será una decisión política de fondo», dijo el legislador.
«Está previsto y contemplado el financiamiento de porcentajes con relación a las tasas de interés mediante acuerdos que pueda tener la provincia con los bancos, tal como se hizo con los créditos para pymes. El proyecto acaba de ingresar y fue derivado a la Comisión de Legislación y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para su análisis técnico», comentó al cierre de la comunicación.
