Desde la Asamblea por los Ríos Pampeanos advirtieron que los cambios en la normativa afectan de manera directa el acceso al agua potable. Denuncian intereses mineros, cuestionan al gobierno nacional y anticipan una batalla judicial que podría llegar a la Corte Suprema.
La modificación de la Ley de Glaciares generó un inmediato rechazo en distintos sectores sociales, políticos y académicos del país, con especial preocupación en las provincias que dependen de los cursos de agua originados en la cordillera. En La Pampa, donde no existen ríos propios y el abastecimiento hídrico depende casi exclusivamente del río Colorado, la situación encendió todas las alarmas. Así lo expresó Roberto Rodríguez, presidente de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, quien advirtió sobre las consecuencias directas que podría tener esta medida en la vida cotidiana de miles de habitantes.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, Rodríguez detalló que “claro que estamos muy descontentos y que afecta a los pampeanos en forma directa, no es para menos”, y remarcó que la vulnerabilidad estructural de la provincia agrava el escenario. “La Pampa no tiene ningún río interior”, explicó, al tiempo que indicó que las aguas subterráneas presentan calidades dispares, lo que limita su uso para consumo humano.
En ese contexto, el dirigente destacó la dependencia absoluta del río Colorado como fuente de agua potable. “Es un río único para La Pampa y del cual vivimos y del cual nos abastecemos para el consumo, para el uso diario de todos los pampeanos”, sostuvo. El suministro se realiza a través de un acueducto de aproximadamente 400 kilómetros que capta el recurso en la zona de Pichi Mahuida, donde el agua es potabilizada antes de su distribución.
Actualmente, el sistema abastece a Santa Rosa y a diversas localidades intermedias, alcanzando al menos a la mitad de la población provincial. Sin embargo, Rodríguez precisó que existe un proyecto para ampliar el alcance del acueducto, hoy paralizado. “Está prevista la continuidad hasta General Pico, con lo cual estaríamos abasteciendo al 75-80% de la población, estamos hablando de entre 250.000 y 300.000 habitantes”, indicó, y cuestionó que la obra esté frenada por decisión del gobierno nacional.
Frente a este panorama, el principal temor radica en el impacto que podría generar la actividad minera sobre las fuentes de agua. “Esto nos alarma porque nos pone en ese riesgo de no poder consumir agua potable”, afirmó, al tiempo que vinculó la reforma de la ley con una flexibilización de los controles sobre glaciares y ambientes periglaciares, considerados fundamentales para la generación de los cursos hídricos.
En respuesta a esta situación, se presentó un amparo judicial conjunto impulsado por el gobierno de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la propia Asamblea por los Ríos Pampeanos. “Estamos haciendo una defensa conjunta, comunitaria, de lo que son los bienes comunes”, explicó Rodríguez, quien remarcó que el reclamo se apoya en principios constitucionales y en tratados internacionales. “Hay derechos que están por encima de las leyes provinciales, como el derecho humano al agua”, subrayó.
El objetivo de la presentación es claro: frenar la aplicación de la norma y lograr su nulidad. “Nuestra demanda está planteando que eso no se toque y la nulidad de esa ley aprobada”, afirmó, al tiempo que expresó expectativas sobre el desenlace judicial. “Tenemos la esperanza que la Corte diga que esa ley es inconstitucional”, agregó.
El conflicto, además, trasciende el ámbito provincial y suma adhesiones en todo el país. Rodríguez destacó que existen múltiples presentaciones impulsadas por organizaciones no gubernamentales y ciudadanos. “Hay montones y montones, más de 300.000 firmas”, señaló, en referencia al respaldo social que tiene el reclamo.
Uno de los puntos más críticos de su análisis apunta al rol de las empresas mineras en la modificación de la normativa. “Esto es meter a cuidar el lobo a cuidar un gallinero”, graficó, y aseguró que “las mineras son las principales interesadas” en los cambios. Incluso fue más allá al sostener que “sabemos que han sido los que han redactado parte de esta ley que se aprobó”.
Rodríguez también cuestionó el nuevo esquema de toma de decisiones sobre los recursos hídricos, que, según explicó, debilita la participación de las provincias que se encuentran aguas abajo. “Las provincias aguas abajo somos las que sufrimos lo que el vecino nos está tirando”, afirmó, y comparó la situación con una escena cotidiana: “Es como si a tu casa tu vecino te tira agua servida, contaminada”.
En ese sentido, advirtió sobre la pérdida de poder del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), organismo que hasta ahora intervenía en la gestión compartida del recurso. “La soberanía de la decisión la tiene la provincia donde nacen los glaciares”, indicó, lo que, a su entender, deja en desventaja a provincias como La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.
El dirigente también hizo referencia al rol de Mendoza, provincia donde se originan los cursos de agua, y cuestionó la posibilidad de que las decisiones queden concentradas en una sola jurisdicción. En ese marco, advirtió que las consecuencias de una eventual contaminación o uso intensivo del recurso impactarán directamente en las provincias aguas abajo.
En el plano político, Rodríguez detalló cómo fue la votación de los diputados pampeanos, marcando diferencias entre quienes rechazaron la iniciativa y quienes la acompañaron. Al mismo tiempo, destacó que la reacción social no se hizo esperar. “Hubo movilización el mismo día de la sanción de la ley”, afirmó, aunque lamentó que las protestas no hayan tenido incidencia en las decisiones gubernamentales. “Ni siquiera la movilización la respetan”, sostuvo.
El referente ambiental también vinculó la reforma con otras políticas impulsadas a nivel nacional, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. “Se están llevando toda la riqueza del país”, denunció, y aseguró que las empresas exigen condiciones cada vez más favorables. “Exigen que se les lleve la energía eléctrica, la infraestructura, todo hasta la cordillera”, señaló.
En ese marco, fue especialmente crítico con el gobierno nacional de Javier Milei, al que acusó de responder a intereses externos. “Este gobierno obediente de los intereses de afuera va acatando eso”, expresó, y mencionó puntualmente la influencia de capitales extranjeros. Según su visión, estas políticas permiten la explotación de recursos naturales sin un control adecuado ni beneficios reales para el país.
Finalmente, Rodríguez advirtió que el conflicto recién comienza y que tendrá múltiples instancias de disputa, tanto judiciales como sociales. “Es una lucha que nos va quedando”, afirmó.
