En medio de la consternación que generó la muerte de la presidenta de la Juventud Radical de La Paz, María del Valle González López, luego de una interrupción voluntaria de embarazo, la Justicia investiga si hubo mala praxis.
La causa, que está caratulada como “averiguación de muerte”, encendió la alarma sobre la seguridad de la práctica y una de las hipótesis que cobró fuerza en las últimas horas es que la joven, de 23 años, no habría tenido el seguimiento médico correspondiente.
La Ley 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo que entró en vigencia el pasado 24 de enero, establece que es obligación del sistema de salud brindar «información sobre el procedimiento y cuidados posteriores«, «atención de la salud durante todo el proceso» e «información y provisión de los métodos anticonceptivos disponibles».
El miércoles 7 de abril la joven habría acudido al hospital Arturo Illia, para solicitar un procedimiento y le habrían prescripto misoprostol. Sin embargo, el viernes comenzó a tener dolores abdominales muy fuertes, acudió al mismo nosocomio desde donde fue derivada al hospital Perrupato. En ese centro asistencial perdió la vida este domingo.
Si bien desde el Ministerio de Salud prefirieron no brindar declaraciones sobre el tema, profesionales de la salud consultados sostuvieron que, en principio, el fármaco utilizado para inducir el aborto permite realizar el procedimiento en forma ambulatoria y segura.
Mientras la Justicia espera el resultado de la necropsia de la joven -que se conocería este lunes por la tarde- analiza la historia clínica que se secuestró en el hospital para determinar o descartar si hubo negligencia médica.
Estas pruebas servirán para establecer si González tenía alguna patología de base que contraindicara el uso de misoprostol.
Por su parte, la familia y el novio de Maria prefirieron mantenerse en silencio en medio del dolor y la investigación por el fallecimiento de la joven.
El abordaje de un aborto
De acuerdo con la guía “Aspectos médicos del acceso a IVE/ILE” del Ministerio de Salud de la Nación, hasta las 14 semanas inclusive, las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar” pueden requerir la interrupción de su embarazo en cualquier efector público o privado.
En el documento se especifica que, en todo momento, la paciente debe contar con el acompañamiento de un equipo médico antes, durante y después del evento.
Previo al procedimiento, se le solicita una serie de estudios médicos que deben quedar plasmados en una historia clínica, como ecografías y análisis clínicos. Además se le realiza una evaluación física y una anamnesis, donde se recolecta todos los antecedentes ginecológicos y obstétricos a través de preguntas específicas.
“En los casos en que la persona opte por realizar la IVE/ILE, el médico tratante debe valorar, en conjunto con la usuaria, cuál es el método más apropiado para realizarla”, consigna la guía.
Y destaca: “El procedimiento a utilizar dependerá de la edad gestacional, las preferencias de la mujer o persona con otra identidad de género y las posibilidades del centro asistencial”.
Finalmente, se firma un consentimiento informado donde expresa su voluntad de realizarse el aborto.
“Por tratarse, en general, de procedimientos de baja complejidad, la atención puede realizarse en el primer nivel de atención y en forma ambulatoria. Sin embargo, es necesario que se involucren todos los niveles del sistema de salud para atender a personas que presenten eventuales complicaciones, se encuentren en etapas más avanzadas del embarazo o cuando haya un compromiso de salud y sea conveniente realizar el procedimiento bajo supervisión médica”, resalta la guía.
Como consecuencia, el aborto puede realizarlo la mujer en su casa siguiendo las pautas médicas, la internación para realizar el procedimiento medicamentoso sólo se indicará en “aquellas personas que presenten comorbilidades como enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, neuropatías, diabetes mellitus o hipertensión arterial descompensada, tratamiento actual con anticoagulantes”.
En tanto, luego de la práctica, en los casos en que se realice el tratamiento ambulatorio utilizando misoprostol solo, “se recomienda hacer el control a los 7 a 14 días posteriores, no antes para permitir que pueda completarse el proceso de expulsión”.
A su vez, se hace hincapié en que se debe buscar atención médica urgente en los siguientes casos: sangrado excesivo o persistente, náuseas o vómitos , cólicos, fiebre, dolor ante la presión en el abdomen o distensión abdominal y mareos.
La guía
Fuente: El Sol
