La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió este viernes ante la Justicia su denuncia contra los dos máximos referentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.
Es por la causa que sigue el juez Diego Amarante y que investiga a la dupla de la institución madre del fútbol argentino por la presunta apropiación prohibida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $19 mil millones que, tras esta ampliación trepó a alrededor de los $300 millones.
La ampliación de la denuncia penal de ARCA que lidera Andrés Vázquez identificó a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino como supuestos integrantes de una presunta “asociación ilícita fiscal”. Lo propio, se habría realizado a través de facturación apócrifa de forma sistemática con el fin de ocultar el destino definitivo de fondos y así esquivar impuestos por la millonaria suma de casi $300 millones.
Otro dato importante es que la ampliación de denuncia quedó incorporada al expediente CPE 1182/2025, en el que la investigación hace mayor hincapié en las operaciones que se hicieron entre los años 2023 y 2025. Además, sustenta que dichas operaciones habrían provocado un daño fiscal por $289.336.519,66.
ARCA en la denuncia sostiene que en las operaciones hay “indicios graves, precisos y concordantes” relacionados la evasión tributaria y que se ve agravada por las facturas apócrifa.
Por otro lado, además de Tapia y Toviggino, en la investigación están insinuados el secretario Víctor Blanco, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo y, la ampliación de denuncia fue presentada después de haberse realizado fiscalizaciones y cruces de información bancaria llevados adelantes por ARCA sobre las operaciones económicas que están vinculadas centralmente al predio de Ezeiza.
En ella, la investigación descubrió pagos de la AFA a una serie de empresas de irregularidades estructurales. En este sentido, el curso de la investigación siguió con un segundo lote de compañías que lograron ser detectadas mediante el cruce de facturación electrónica. Al respecto, para ARCA, varias de las empresas eran parte integrante de la base de contribuyentes calificados de “no confiables”.
En este contexto, ARCA mantiene la postura de que las operaciones en fase de investigación se hicieron durante varios ejercicios fiscales de manera consecutivos por lo que la utilización de las facturas no fue un hecho aislado, sino más un mecanismo permanente.
Por ello, Vázquez pidió que Tapia, Toviggino y cada uno de los dirigentes involucrados sean llamados a prestar declaración indagatoria. También hizo el reclamo de que la Justicia siga a fondo con la investigación en relación a toda la estructura financiera que se utilizaba en las operaciones observadas.
