Las pequeñas y medianas empresas argentinas atraviesan un escenario crítico por el plan económico condicionado por la persistente caída del consumo interno, el incremento de los costos operativos y una severa pérdida de rentabilidad que pone en riesgo la supervivencia de las unidades económicas. En este contexto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevó un reclamo formal a los presidentes de bloque del Senado y al Palacio de Hacienda para frenar las ejecuciones fiscales y los bloqueos bancarios.
Salvador Femenía, secretario de prensa y vocero institucional de la entidad, describió el impacto de la transición de la AFIP a la ARCA en la política de recaudación, fundamentó la necesidad de un plan de facilidades de pago a tasas subsidiadas y analizó las distorsiones que provocan las tasas municipales y los impuestos provinciales en los márgenes de la actividad.
Caída de actividad y endurecimiento de las ejecuciones bancarias
La acumulación de pasivos tributarios en el sector comercial e industrial no responde a una conducta de evasión especulativa, sino a una absoluta incapacidad financiera y económica para afrontar las obligaciones corrientes. «Estamos en un momento de poca actividad para las pymes, tanto en comercio como en industria y servicios, lo cual se traduce en baja rentabilidad, pérdida de empleo y pérdida de unidades económicas. En ese contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) está profundizando la política de embargar cuentas bancarias por deudas que lamentablemente no se pueden pagar, porque se van acumulando ante la falta de capacidad económica y financiera para afrontarlas», comentó Salvador Femenía de entrada.
«El ministro Luis Caputo había anunciado el envío de un proyecto para modificar la ley de inocencia fiscal, la cual trata en su contenido el tema del fuerte aumento de las multas. Originalmente le mandamos una carta al ministro con este reclamo y ahora se la reiteramos de forma directa a los presidentes de los bloques del Senado para buscar una solución legislativa urgente», amplió.
El reclamo por el congelamiento de sanciones y un nuevo plan de pagos
La propuesta de la entidad empresaria busca adecuar los esquemas punitivos de la autoridad fiscal a la realidad del sector privado, estableciendo un puente que permita regularizar el stock de deuda acumulado. «Respecto concretamente a las multas por incumplimientos formales, la ley prevé un período de espera que va de los 20 a los 90 días, según la categoría del contribuyente en el sistema registral. Nosotros pedimos formalmente que durante ese periodo de espera no se cobren las multas. Actualmente, la normativa obligaría a pagar al 50% si se cubre la obligación, y lo que solicitamos es que si el deber formal se cumple dentro de los 15 días posteriores a ese periodo, la sanción se mantenga firmemente en esa reducción. En lo relativo a los embargos, pedimos una suspensión temporal de los mismos porque representan una dificultad extra para poder operar en este contexto recesivo», explicó el vocero de CAME en medio de la entrevista que brindó a FM Vos 94.5.
«Complementariamente, requerimos una moratoria fiscal nacional estructurada en 48 cuotas, con una tasa de interés reducida y una quita del 50% en los recargos resarcitorios para poder aliviar el pesado stock de deuda que hoy asfixia a las pymes», añadió.
Costos estructurales y la distorsión del esquema tributario subnacional
Desde la entidad empresaria advierten con preocupación que las tasas de abasto locales, los cánones de seguridad e higiene y, fundamentalmente, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos representan hoy la carga más acuciante y distorsiva sobre el precio de venta final de los productos.
Al analizar la inviabilidad del esquema impositivo actual y detallar cuáles son las prioridades que el gobierno debería poner sobre la mesa, Salvador Femenía fue categórico en su diagnóstico. «Nosotros expresamos nuestro firme rechazo a las sugerencias del Fondo Monetario Internacional, que proponía ampliar la base del Impuesto a las Ganancias y modificar el Monotributo. Advertimos que el camino no es por ahí; lo más acuciante y gravoso en este momento son los impuestos provinciales —fundamentalmente Ingresos Brutos— y las tasas municipales. Por eso, solicitamos formalmente que se evalúe la firma de un nuevo Consenso Fiscal para aliviar esta presión tributaria subnacional, que golpea de forma directa a los márgenes de rentabilidad, ya de por sí muy caídos y arriesgados, que tienen el comercio y la industria en general», destacó en ese tramo de la comunicación.
Endeudamiento familiar y el freno al consumo de cercanía
La pérdida del poder adquisitivo del salario y el encarecimiento de los servicios públicos regulados reconfiguraron las prioridades de gasto de la sociedad, disminuyendo las ventas minoristas. «Estas medidas de orden fiscal que estamos solicitando tienen que ver directamente con aliviar la coyuntura para que las empresas puedan seguir adelante. El contexto que estamos transitando está determinado por otras cuestiones complejas, como el rezago del salario real respecto de la inflación, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo. A esto se suma el aumento de las tarifas de los servicios públicos, que deja menos excedente del sueldo para volcar al consumo. Además, las altas tasas de interés que rigieron durante un periodo importante generaron, junto al endeudamiento para subsistir, un stock de deuda en los consumidores que ronda el 30%, en su mayoría financiado con tarjeta de crédito», observó Femenía.
«Ese pasivo se vuelve impagable por los niveles de las tasas de interés. Entendemos que hay un proyecto en evaluación para generar un crédito que alivie estas deudas a tasas más convenientes», agregó.
La brecha entre la macroeconomía y la realidad de los comercios
Aunque los indicadores financieros globales de la Argentina que presenta el gobierno exhiben mejoras técnicas, el traslado de esa estabilidad hacia el mostrador minorista muestra plazos de demora que condicionan el optimismo del sector. «Tenemos algunos indicios macroeconómicos que son positivos, como la baja sistemática del riesgo país, lo cual tiene una vinculación directa con el acceso al crédito para la Argentina y que posteriormente puede impactar positivamente en el financiamiento para las empresas. Las jornadas en los mercados internacionales vienen mostrando bajas en el valor del petróleo y caídas en los indicadores de riesgo que rondan los 425 puntos básicos. Todo esto ayuda, pero evidentemente lo que pasa en la macroeconomía —que hoy se encuentra mucho más ordenada que la microeconomía— tarda un tiempo prolongado en impactar en la realidad de la calle», analizó el secretario de prensa de CAME.
«Hay que evaluar qué tan duradero es este escenario. El propio gobierno ha mostrado preocupación por el nivel de endeudamiento de los particulares; hay que darle una solución viable porque la tarjeta de crédito es hoy uno de los pocos instrumentos rápidos de financiamiento que les quedan a las familias», completó.
