El 10 de diciembre finalizará el plazo que dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que Mendoza, La Pampa y el Estado nacional lleguen a un acuerdo por el río Atuel, luego del fallo que ordenó fijar un caudal mínimo en terreno pampeano, siempre que se hagan las obras necesarias.
Y es en ese punto, las obras necesarias y cómo se financian, que las partes deben discutir y pactar si es posible, de lo contrario la decisión la tomaría la propia Corte en plazos que no se conocen.
El martes en diario Los Andes se publicó una versión de que las tres partes trataban un acuerdo en una «negociación en secreto». Trascendió así que el Gobierno nacional pondría 700 millones de pesos para obras, Mendoza 400 y La Pampa una cifra que no trascendió.
A las horas de conocido ese trascendido, desde el Gobierno pampeano salieron a desmentir el supuesto acuerdo a través de medios de esa provincia y volvieron a correr el eje del problema, evitando hablar de obras y queriendo imponer un manejo conjunto de las represas, algo que ningún gobierno mendocino debería aceptar.
Sobre la plata para obras que pondría cada parte, no se especificó qué obras serían, ya que en el Sur provincial, donde se ha creado el oasis del Atuel y se sufre la falta de agua, se sabe de sobra que la única solución definitiva para la falta de agua en este río mendocino es el trasvase de aguas del Grande al Atuel, que fue dejado de lado en el proyecto de Portezuelo del Viento.
Las demás obras, como perforaciones, impermeabilizaciones y demás, no parecieran ser suficientes para saldar el problema por completo, aunque incluso a eso La Pampa pone reparos ya que nunca quiso, por ejemplo, agua de perforaciones de la propia cuenca.
Según publicó el diario La Arena, apoyándose en una fuente del Gobierno de esa provincia, “no hay absolutamente ningún pacto secreto, porque en el ámbito que nos determinó la Corte Suprema no hemos podido llegar a ningún acuerdo”. La fuente añadió que “Mendoza vive haciendo operaciones. Sigue con lo de siempre: propone perforaciones, dice que ahora no pueden, que no tienen agua, se va a terminar el plazo y nosotros elevaremos a la Corte nuestra propuesta, lo que nosotros pusimos en la discusión”.
De este modo, el acuerdo entre las partes aún no parece vislumbrarse y queda un mes para el plazo final.
