El incremento del componente nacional de la tarifa eléctrica es del 3,4%, aunque el impacto final dependerá del consumo y de los subsidios que tenga cada usuario. La especialista Romina Ríos, presidenta de la ONG Protectora, explicó cómo se reflejará en las facturas.
La tarifa eléctrica comenzó agosto con un nuevo incremento y el porcentaje que finalmente pagará cada usuario dependerá de distintos factores. Romina Ríos explicó durante una entrevista con Diario San Rafael y FM Vos (94.5) que la tarifa está compuesta por tres elementos: el costo nacional de abastecimiento, el valor agregado de distribución provincial y los impuestos, tasas y contribuciones.
«Lo que vamos a tener en este punto va a aumentar la energía eléctrica a partir de agosto un 3,4%. Y esto se debe solo al componente nacional, es decir, al costo de la energía que establece la Nación como parte integrante de la tarifa eléctrica», explicó.
Sin embargo, ese 3,4% no representa necesariamente el porcentaje que aumentará cada factura. En el caso de los usuarios residenciales subsidiados que consumen menos de 600 kilowatts trimestrales, el impacto será del 1%, con un incremento estimado de entre $180 y $600. «Va a ser un impacto en pesos de alrededor de entre $180 a $600 en la factura», señaló Ríos.
Para quienes reciben subsidios pero superan el límite de 600 kilowatts trimestrales, el incremento será del 1,5%, con un impacto que puede ubicarse entre $720 y $20.000, dependiendo del consumo.
En tanto, los usuarios que no tienen subsidios tendrán un impacto del 1,6%, con aumentos estimados desde unos $400 hasta $20.000 en los consumos más elevados.
Ríos explicó que el componente nacional de la tarifa se actualiza trimestralmente. Algo similar ocurre con el componente provincial, aunque en agosto Mendoza no aplicó una actualización del valor agregado de distribución. «Nosotros tuvimos la actualización de este elemento que depende de la Nación hace tres meses», explicó.
«En este caso en particular, para esta fecha, la provincia no ha anunciado que aumente el VAD, que es el valor agregado de distribución. Entonces ya deberíamos esperar que la próxima actualización sea para octubre«, agregó.
El valor agregado de distribución está relacionado con los costos de las empresas distribuidoras. Esos valores son analizados por el EPRE y posteriormente se desarrolla una audiencia pública antes de que el Poder Ejecutivo provincial tome una decisión.
«Si se toma en cuenta toda la elaboración de costos que tiene la empresa, esto es rebatido o confirmado por el EPRE, que elabora sus propios estudios. Y de esa manera, luego de la audiencia pública, pasa todo al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo es quien decide si otorga o no otorga el aumento«, explicó.
Uno de los aspectos que Ríos destacó fue la escasa participación ciudadana en las audiencias públicas vinculadas con las tarifas. «No es vinculante lo que se decide o el dictamen final de la audiencia pública, sino que es participativa», aclaró.
Esto significa que los planteos de los usuarios pueden ser tenidos en cuenta por el Gobierno provincial, aunque no existe obligación de seguir lo expresado durante la audiencia. «De esta manera se garantiza que los usuarios puedan participar de lo que son el tema de las tarifas, la fijación de las tarifas, pero no es vinculante», explicó.
Respecto de la participación, fue contundente: «Cada vez es menor la participación, muy escasa».
Según señaló, intervienen representantes de distintos sectores, entre ellos usuarios residenciales, sectores vinculados con la tarifa industrial, colegios profesionales y el Centro de Empleados de Comercio.
Ríos consideró que parte de la explicación está en que las audiencias se realizan durante días hábiles y horarios laborales, además de que muchos usuarios consideran que se trata de instancias demasiado técnicas.
«Muchos usuarios entienden que es una instancia muy técnica, muy legal, y no van a entender de qué se trata y no van a discutir algo que básicamente no entienden el trasfondo de lo que es el servicio público y la tarifa como tal», señaló.
La especialista también observó un distanciamiento cada vez mayor entre la ciudadanía y las actividades relacionadas con organismos y funcionarios públicos.
«Hay un distanciamiento de la ciudadanía en general para con todo lo que son las actividades que estén relacionadas a algo político», afirmó.
Qué puede pasar con las facturas en los próximos meses
Consultada sobre si se esperan nuevos aumentos de la tarifa eléctrica durante el resto del año, Ríos indicó que, en principio, no.
Sin embargo, advirtió que eso no significa necesariamente que las facturas vayan a mantenerse sin cambios. Uno de los factores que habrá que seguir es la evolución de los subsidios.
La especialista recordó que durante esta época del año existe una bonificación especial cercana al 17% para determinados usuarios, pero que ese beneficio irá disminuyendo hacia fin de año. «Esto se va a ir reduciendo hasta fin de año. Entonces, esto también tiene un impacto en la factura final que pagan los usuarios», explicó.
«Recordemos que también a fines de año empezamos con la temporada de más calor. Tenemos mayor consumo de energía eléctrica y eso también hace que nuestra factura aumente«, señaló.
Por eso, Ríos recomendó que los usuarios controlen sus facturas durante todo el año, tanto las de electricidad como las de gas. «Controlar bien que tenemos la medición, qué cargos fijos tenemos cobrados, qué ítems tenemos cobrados», aconsejó.
También recordó que continúa vigente la ley de zonas frías para el servicio de gas y que el descuento correspondiente debe aparecer en las facturas.
La especialista resumió su recomendación con una comparación sencilla: «Así como revisamos a lo mejor el resumen de la tarjeta de crédito y viendo a ver qué nos cobraron, qué compramos y qué no. Bueno, lo mismo con la factura de energía eléctrica y del gas».
