El proceso de jury de enjuiciamiento contra el juez Sebastián Sarmiento dio un nuevo paso en los últimos días, luego de que la acusación en su contra fuera admitida por amplia mayoría en la primera reunión del cuerpo encargado de evaluar su conducta. La denuncia, presentada meses atrás por el legislador y abogado Franco Ambrosini (UCR), se centra en una serie de fallos que, según sostiene, implicaron un “mal desempeño” de sus funciones y derivaron en hechos trágicos.
“Hemos avanzado un pasito más en el proceso del jury”, señaló Ambrosini en diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5. El legislador sanrafaelino explicó que la denuncia fue radicada por cinco causales que apuntan a decisiones judiciales que, en su opinión, “generaron un daño gravemente irreparable en todos los mendocinos”. En ese sentido, sostuvo que el magistrado “ha dejado en libertad a delincuentes antes de cumplir su condena cuando no tenían los requisitos para poder estar en libertad y él tomó la decisión contra los informes de los psicólogos, de los trabajadores sociales”.
Uno de los ejes más delicados de la acusación es el caso de un delincuente condenado a reclusión perpetua por doble homicidio, quien fue beneficiado con libertad condicional por el juez Sarmiento y posteriormente violó en reiteradas oportunidades a una adolescente de 14 años en San Rafael. “Dos personas muertas, una niña de 14 años abusada con acceso carnal en reiteradas ocasiones”, detalló Ambrosini, quien presentó la denuncia junto a la hija de una de las víctimas.
La votación en el jury fue contundente: 16 votos a favor y solo 5 en contra. El cuerpo está integrado por siete diputados, siete senadores y siete miembros de la Corte de Mendoza. “Votaron a favor nueve legisladores de Cambia Mendoza, cuatro de la oposición —varios justicialistas— y tres jueces de la Corte”, remarcó Ambrosini. “Por hoy en la etapa en la que estamos, lo importante es llegar al juicio”, agregó. El juez Sarmiento cuenta ahora con diez días hábiles para ejercer su derecho a defensa. Luego, el jury volverá a reunirse para definir si archivan el caso o si se inicia formalmente el juicio político que podría terminar en su destitución.
Desde la óptica del denunciante, el accionar del magistrado no responde a hechos aislados sino a una línea de interpretación ideológica que prioriza los derechos de los delincuentes por encima de los de las víctimas. “El juez Sarmiento parece que fuera un sociólogo y no un juez. El juez tiene que interpretar la ley, tiene que aplicarla y garantizar seguridad a los mendocinos”, manifestó el legislador. Y añadió: “Él interpreta los acuerdos como lo haría un sociólogo, hablando de la reinserción, del perjuicio que han sufrido los delincuentes, pero ahí está poniendo por encima los derechos de todos los delincuentes, por encima de los derechos que tenemos los mendocinos o las víctimas”.
Además del caso que involucra a la joven abusada, la denuncia incorpora otros dos expedientes con desenlace fatal. “Son homicidios en ocasión de robo. Delincuentes con prontuarios interminables de homicidio, robo agravado, abuso, que no cumplían los requisitos legales para acceder a la libertad condicional”, detalló. Según explicó, el Código Penal establece con claridad en qué situaciones puede concederse ese beneficio, y esos casos no cumplían con ninguno de esos parámetros.
Otro punto cuestionado por Ambrosini tiene que ver con decisiones del juez que, según sostuvo, exceden su competencia y afectan la operatividad de otros poderes del Estado. Uno de ellos fue una resolución a partir de un habeas corpus presentado por tres reclusos que alegaban que se quedarían sin celulares y, por tanto, no podrían continuar sus estudios. “El juez no solo les dio lugar sino que obligó al Servicio Penitenciario a invertir en tecnología para todos los reclusos, y esto en contra de resoluciones de la Corte. Es un claro avasallamiento a otros poderes”, denunció.
También hizo referencia al traslado de dos peligrosos reclusos sanrafaelinos que habían sido reubicados en el penal de Mendoza por razones de seguridad. “El juez Sarmiento ordena que una vez al mes estos delincuentes estén en San Rafael, una locura teniendo en cuenta los informes técnicos que desaconsejaban su permanencia en ese penal. Esto no solo va en contra de las decisiones del Ejecutivo sino que genera gastos operativos enormes al sistema penitenciario”, subrayó.
En cuanto a los próximos pasos, Ambrosini confirmó que el juez ya fue notificado y cuenta con el plazo reglamentario para presentar su defensa. “Una vez que es presentada esa defensa se vuelve a reunir el jury para determinar si archivan la causa o si continúan y realizan el juicio del jury”, concluyó.
