Alegando “incumplimientos” por parte del régimen de Nicolás Maduro de “compromisos electorales” asumidos en el Acuerdos de Barbados firmado con la oposición antichavista para la celebración de comicios presidenciales “trasparentes” el próximo 28 de julio, Estados Unidos revirtió parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, por lo que las empresas extranjeras tendrán un plazo de 45 días para cerrar sus operaciones de producción y exportación.
A partir de ahora, las compañías que quieran hacer negocios con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) deberán solicitarle al Departamento del Tesoro norteamericano autorizaciones individuales que serán evaluadas caso por caso y podrán ser denegadas cuando se considere que violan la seguridad nacional y los intereses de política exterior de EE.UU..
Tras la inhabilitación de la principal candidata opositora, María Corina Machado, la negativa a inscribir a su reemplazante, Corina Yoris, sumado a una serie de arrestos de políticos y activistas, Washington decidió no renovar la Licencia General 44, emitida en octubre, expirada a medianoche y que por un semestre levantó las penalizaciones sobre el sector de los combustibles como un incentivo para que Maduro cumpliera con los acuerdos democráticos.
Ya está en vigencia la Licencia 44A, que fija la fecha límite hasta el 31 de mayo para que las empresas deshagan los negocios en marcha a lo largo del semestre, período durante el cual la República Bolivariana incrementó la producción de crudo, específicamente un 18 por ciento en el trimestre inicial de 2024.
La reimposición de sanciones se zanja por la opción “dura” en el debate generado dentro de la Administración Biden, donde un sector advertía que no renovar el alivio provocaría el alza del precio de la nafta y un aumento de la migración venezolana hacia Estados Unidos.
