Boca y Sebastián Villa entraron en una guerra legal luego de la intimación del delantero para ser reincorporado a los entrenamientos, advirtiendo que, de no ser así, se consideraría jugador libre, el club le respondió de manera contundente con otra carta documento a través de la cual rechazó el pedido y le exigió que vuelva a la Argentina.
Villa se fue a Colombia luego de haber sido condenado a dos años y un mes de prisión por violencia de género, lo que motivó la decisión de la institución de separarlo del plantel profesional, pero el atacante cambió de postura y pidió -mediante vía legal- que lo reincorporen.
Sin embargo, la postura de Boca sigue firme luego de apartarlo del equipo tras el la sentencia de la Justicia en primera instancia: no volverá a entrenarse ni jugar con la camiseta del club de La Ribera.
En las últimas horas, el Departamento Legal de Boca rechazó la carta documento de Villa y contestó que la decisión de separarlo del plantel profesional fue del entrenador Jorge Almirón y que no estaba autorizado por la dirigencia a viajar a Colombia.
De esta manera, Boca busca cuidar su patrimonio y no perder el pase del futbolista, quien pretende quedar libre para poder negociar con otros clubes fuera de Argentina.
Villa todavía tiene pendiente un juicio por «abuso sexual con acceso carnal», un delito que prevé una pena de 15 años de prisión, por lo que el colombiano podría terminar en la cárcel si es encontrado culpable.
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El club le exigió al futbolista que regrese a la Argentina y se entrene en el club, aunque separado del plantel profesional. En la carta documento le deja en claro que no estaba autorizado a viajar a Colombia y que no está cumpliendo con su contrato profesional.
Hoy, habrá una nueva reunión del equipo de legales del club para determinar los próximos pasos a seguir para evitar que Villa se considere futbolista libre. El objetivo de Boca es negociar el pase del colombiano para conseguir ingreso económico y que siga su carrera en el exterior.
El pase del delantero de 27 años es 70% de Boca (pagó 3.5 millones de dólares) y 30% del Tolima de Colombia.
