La legislación referida a cámaras de seguridad en la provincia data del año 2008, y se está buscando modernizar algunos aspectos de la ley. La senadora provincial Mercedes Rus dialogó sobre este tema con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
“Estamos tratando de agiornar esta ley que, si bien no es antigua en el tiempo, ha quedado un poco retrasada por los avances de la tecnología y sobre todo por la cantidad de cámaras que contamos hoy en la provincia. Uno de los puntos tiene que ver con el objeto de captura de las cámaras de vigilancia ya que la ley hablaba de imagen, pero dejaba de lado otros datos que hoy sabemos que, a través de la inteligencia artificial, y de nuevas cámaras comienzan a probarse de manera experimental. Hoy hay cámaras que tienen reconocimiento de patentes, reconocimiento facial y por patrones, es decir que advierten sobre determinados patrones y con eso por ejemplo hacer disparar una alarma que puede ser indicativa de que en determinada zona un auto lleva mucho tiempo parado, o una persona lleva mucho tiempo rondando el mismo espacio físico, o que por los movimientos es posible que una persona pueda estar sustrayendo un neumático. Todas estas cuestiones eran importantes que estuvieran contempladas en la norma, porque proyectivamente se entiende que las cámaras irán incorporando esta inteligencia artificial al servicio de la seguridad ciudadana. Por esto era importante incorporar no solo la idea de que las cámaras puedan captar imágenes, que también son datos, sino también. Estos son los que en primer lugar motivan esta reforma. Otra cuestión tiene que ver con generar un marco jurídico para que dentro de la red de videovigilancia de la provincia se incluyan cámaras privadas con puntos de captura públicos para que puedan ser incorporados a esta red y de esta forma eficientizar el recurso tecnológico hacia otros lugares”.
Rus continuó manifestando que “por ejemplo si hay una estación de servicio apuntando cámaras a una determinada intersección, y esas cámaras son compatibles con los protocolos de seguridad del Ministerio, se determina que a través de un convenio esas cámaras puedan entrar en la red y ser contadas como que en ese lugar hay un punto de captura. Esto hace que si hay que colocar nuevas cámaras sea tenido en cuenta para colocarlas en otros lugares. Hoy, por ejemplo, ya se ha hecho un convenio piloto con las estaciones de servicio desde el Ministerio de Seguridad. Lo demás tiene que ver con cuestiones normativas a nivel nacional que tienen relación con la ciberdelincuencia. El material debe ser íntegro, confiable, estar a disposición de las autoridades cuando lo requieran, la grabación debe ser continua y sin interrupciones para determinar que los datos no han sido manipulados y son verdaderos, y otras series de cuestiones que tienen que ver con paradigmas que ya están estudiados y que es importante incorporar a la legislación”.
Respecto a ley sancionada en 2008, la senadora comentó que “el parque de cámaras de la provincia estaba integrado por alrededor de trescientas cámaras, y estamos estimando para este año según los cálculos de las nuevas adquisiciones y licitaciones que ya tiene el Ministerio, terminaremos teniendo unas tres mil doscientas cámaras en la provincia. La conservación de las grabaciones tiene que ser por un plazo razonable, estándar, a nivel de la legislación nacional e internacional que son treinta días. La ley de 2008 contemplaba un año”.
