La controversia política por la explotación ilegal de recursos naturales en las Islas Malvinas volvió al centro del debate geoestratégico internacional y la pérdida de soberanía argentina. El Reino Unido y corporaciones petroleras internacionales israelitas han acelerado los pasos tendientes a iniciar la fase de extracción en el yacimiento Sea Lion (León Marino), proyectando una producción de hasta 55.000 barriles diarios para el año 2028. Esta actividad unilateral vulnera de manera directa la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual proscribe modificaciones unilaterales en zonas sujetas a disputa de soberanía, en este caso las Islas Malvinas. Frente a esta situación, exfuncionarios y especialistas advierten sobre el «punto de inflexión» y los graves riesgos ambientales y geopolíticos que implicaría la consolidación del proyecto. A su vez, cuestionan la falta de acciones diplomáticas, judiciales y preventivas por parte de la actual administración nacional de Javier Milei, así como la inacción frente al financiamiento proveniente de empresas e instituciones ligadas a Israel y fondos de inversión de Estados Unidos y Europa. Guillermo Ramón Carmona, exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación, repasó el historial legal argentino, el rol de las firmas multinacionales y las herramientas urgentes que el Estado debe activar para frenar este avance.
Un proyecto de escala histórica en aguas disputadas
Las empresas beneficiarias avanzaron en evaluaciones de impacto ambiental irregulares y en la búsqueda de liquidez internacional en mercados de capitales. «Desde la década de 1970, Gran Bretaña viene intentando extraer hidrocarburos en las Islas Malvinas. Aunque es una actividad sumamente compleja por desarrollarse en aguas turbulentas del Atlántico Sur, las prospecciones indican la existencia de un potencial recurso hidrocarburífero muy importante. La Argentina no se quedó quieta: desde 1976 viene advirtiendo sobre estos actos ilegales y en su momento impulsó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU para frenar cualquier avance unilateral», recordó Guillermo Carmona en una charla que mantuvo con nuestro medio de comunicación.
«A su vez, contamos con un plexo normativo sólido mediante las Leyes 26.659 y 26.915, que dictaminan que toda actividad hidrocarburífera en la plataforma continental argentina sin autorización expresa del Estado es absolutamente ilegal. Las firmas que hoy operan en el proyecto León Marino, como Rockhopper (inglesa) y Navitas Petroleum (israelita), ya fueron sancionadas. De hecho, a mí me tocó actuar personalmente en la sanción a la israelí Navitas. Sin embargo, ante la pasividad del actual gobierno, las empresas dieron un salto peligroso al anunciar la extracción efectiva para 2028, apalancadas en un volumen proyectado de 55.000 barriles diarios«, señaló Carmona.
Riesgos ambientales y el avance sobre el mercado de capitales
La autorización del proyecto bajo aprobaciones isleñas sin capacidad técnica constituye un peligro directo para la biósfera del mar argentino y la Antártida. «Que se extraiga el primer barril de petróleo representaría un punto de inflexión sumamente desfavorable para nuestro país. Significa la consolidación económica de la ocupación ilegítima y un peligro ambiental latente. Estamos hablando de riesgos de derrames en un ecosistema crítico, que no solo amenaza a las Islas Malvinas sino a la costa continental, al Mar Argentino y a la Antártida misma», advirtió Carmona.
«A partir del año 2024 las petroleras consiguieron financiamiento internacional —principalmente de origen israelí y de fondos comunes de Estados Unidos y Europa— y sometieron el proyecto a una supuesta evaluación ambiental aprobada por las autoridades ilegítimas de las islas. Esa aprobación es una pantomima: la estructura insular no posee la capacidad técnica necesaria para evaluar semejante obra de ingeniería offshore. El gobierno argentino se ha mantenido en una postura de pasividad frente a este proceso«, manifestó ante los micrófonos de FM Vos 94.5.
Las acciones que Argentina debe activar: acciones penales, cerco financiero y presión diplomática directa a Israel
En el plano de las herramientas institucionales para frenar el avance de las petroleras en el Atlántico Sur, la legislación argentina contempla sanciones que van mucho más allá de la protesta formal por vías diplomáticas. El marco normativo vigente extiende la ilegalidad a toda la cadena de valor vinculada a la exploración y explotación no autorizada, alcanzando a las prestadoras de servicios logísticos, entidades financieras e inversores. «Las herramientas para frenar esta avanzada son diplomáticas, pero no únicamente diplomáticas, porque la legislación argentina es muy clara. La ley considera ilegal no solo la exploración y explotación, sino también la prestación de servicios logísticos y el financiamiento. Esto debe seguir un procedimiento estricto en la Secretaría de Energía, con la intervención de Cancillería y de la Secretaría de Malvinas, para ser derivado de inmediato a la Justicia Federal», detalló el exsecretario.
«Lo primero que debe hacer el gobierno es impulsar los procedimientos contra los financistas de este proyecto. Lo segundo es promover de forma activa los juicios penales contra los directivos de estas empresas, como lo establece la Ley 26.915. El expediente tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, y el Poder Ejecutivo tiene la obligación de aportar todos los elementos de prueba mientras la Cancillería cursa las notificaciones internacionales. Esta gente está cometiendo delitos en territorio argentino y no puede quedar impune«, enfatizó.
«El tercer eje es político y diplomático. No puede ser que el presidente Javier Milei viaje a Israel, participe en ceremonias religiosas o reciba distinciones y nunca haya realizado un reclamo público por la participación de una empresa israelí en la explotación petrolera de Malvinas. Es gravísimo perder esa oportunidad, más aún cuando se ha decidido un alineamiento geopolítico. Es una subordinación a cambio de nada cuando hay figuras con altísimo peso político en Israel involucradas», comentó.
El perfil de las petroleras y la debilidad de los comunicados oficiales
La vinculación de exministros e influyentes empresarios con el proyecto de extracción pone en evidencia la viabilidad de un reclamo de Estado a Estado, frente a una respuesta oficial calificada como extemporánea. «El presidente de la empresa Navitas Petroleum es Gideon Tadmor, una figura pública sumamente importante en Israel que ha recibido concesiones estatales y mantiene fuertes vínculos políticos. Su vicepresidente es Kobi Katz, nada menos que un exministro de Infraestructura, Energía y Agua. Estamos hablando de figuras de primer nivel, por lo que el gobierno israelí no puede argumentar que no puede hacer nada, ni el gobierno argentino puede excusarse en la inacción», opinó Carmona.
«Hasta el momento, los pronunciamientos de la Cancillería han sido sumamente débiles, inoportunos y extemporáneos. El primer comunicado salió recién en septiembre de 2025, cuando Navitas Petroleum ya había conseguido el financiamiento en la Bolsa de Tel Aviv. Transcurrió casi año y medio sin que se hiciera absolutamente nada. Lo que correspondía era realizar una campaña preventiva en los mercados financieros advirtiendo a los inversores que financiar ese proyecto violaba la ley argentina», argumentó.
«Posteriormente, cuando concluyó la pantomima de la evaluación de impacto ambiental realizada en las Islas Malvinas, sacaron otro comunicado por el estilo, siempre con los hechos consumados. Es una postura funcional al interés británico de iniciar la extracción de crudo y al interés israelí de sostener a sus empresas sin costo diplomático», denunció al finalizar la charla el exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación.
