La repercusión que generó la condena al sanrafaelino Matías Bandiera por tenencia de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes (MASNA) tuvo una derivación inesperada. Luego de la publicación de Diario San Rafael que reveló que el hombre utilizaba 79 identidades virtuales y tenía en Telegram un bot preparado para obtener ese tipo de material aberrante, un representante de la propia compañía se comunicó con este medio para explicar las políticas que aplica la plataforma contra esos contenidos.
La intervención de Telegram, sin embargo, abrió un nuevo interrogante que trasciende el caso Bandiera: cuando una plataforma tecnológica detecta que uno de sus usuarios intercambia material de abuso sexual infantil, ¿alcanza con eliminar el contenido, cerrar un grupo o bloquear una cuenta, o debe además reportar esa actividad para que las autoridades puedan investigar a la persona que está detrás?
Víctor Espinoza, representante de Telegram Messenger, se comunicó por correo electrónico con Diario San Rafael a raíz del artículo publicado el domingo bajo el título “Sanrafaelino tenía 79 perfiles y un bot que recopilaba material de abuso sexual infantil: lo condenaron a 3 años de prisión”.
En su respuesta, la compañía enfatizó que la distribución de material de abuso sexual infantil se encuentra expresamente prohibida por sus términos de servicio y aseguró que trabaja activamente para erradicarlo.
Telegram informó que durante 2026 eliminó más de 394.000 grupos y canales relacionados con ese tipo de contenido, cifra que continúa incrementándose a medida que avanza el año y que la propia empresa actualiza públicamente.
También explicó que, además de la moderación humana, escanea el contenido multimedia cargado en sus espacios públicos mediante una base de datos de huellas digitales —conocidas técnicamente como hashes— correspondientes a material previamente identificado y eliminado. Ese sistema fue reforzado, según sostuvo la empresa, con información proporcionada por organizaciones internacionales dedicadas a combatir la explotación sexual infantil.
“Como resultado de estos esfuerzos, Telegram prácticamente ha eliminado la difusión pública de CSAM de su plataforma”, expresó la compañía en el comunicado remitido especialmente a Diario San Rafael.
El punto que la respuesta dejó abierto
La explicación de Telegram permite conocer qué hace la plataforma para detectar y remover contenidos, pero deja sin responder de manera específica otra cuestión: qué sucede con la información relacionada con los usuarios que son detectados compartiendo ese material.
Una fuente judicial especializada en investigaciones de delitos cometidos mediante entornos digitales planteó ante Diario San Rafael que allí se encuentra uno de los aspectos centrales de la discusión.
“El tema no está en las vulnerabilidades. En cualquier plataforma se puede intentar remitir MASNA. La cuestión pasa por qué hace la plataforma cuando lo detecta”, sintetizó.
La observación apunta a diferenciar dos acciones que no necesariamente producen el mismo resultado. Una es eliminar un archivo, bloquear una cuenta o cerrar un grupo. La otra es que aquella detección genere un reporte que permita a organismos especializados y posteriormente a las autoridades judiciales identificar e investigar a quien estaba utilizando la plataforma.
Según la fuente consultada, grandes compañías tecnológicas recurren a mecanismos de reporte ante la detección de este tipo de contenidos, además de suspender o eliminar las cuentas involucradas.
Precisamente allí aparece la pregunta que la comunicación enviada por Telegram al Diario no respondió: si las detecciones realizadas por sus propios sistemas generan también reportes hacia organismos como el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) u otras autoridades competentes.
Telegram sí informa públicamente que mantiene vínculos con distintas organizaciones internacionales que le remiten reportes para dar de baja contenidos. Entre ellas se encuentra el propio NCMEC. La cuestión que se plantea desde el ámbito judicial va en el sentido inverso: saber qué información sale desde Telegram hacia esos organismos cuando es la propia plataforma la que detecta una infracción.
“Difusión pública”, dos palabras que no pasan inadvertidas
Otro elemento de la respuesta enviada por Telegram despertó interés: la compañía afirmó haber prácticamente eliminado la “difusión pública” de material de abuso sexual infantil.
La elección de esas palabras resulta significativa debido a que el fenómeno investigado no necesariamente se desarrolla exclusivamente en canales abiertos o espacios accesibles públicamente.
Conversaciones entre usuarios, ámbitos cerrados, grupos restringidos y herramientas automatizadas constituyen escenarios diferentes y plantean desafíos adicionales para las investigaciones.
El propio caso Bandiera es un ejemplo de esa complejidad.
Durante el análisis de su teléfono celular se encontró un bot dentro de Telegram cuya finalidad era obtener MASNA y que entre sus funciones podía realizar intercambios para conseguir nuevo material. La Justicia logró acreditar que Bandiera poseía esos contenidos, aunque surgieron dificultades para establecer hasta qué punto podían atribuírsele personalmente todas las acciones realizadas de manera automatizada por aquella herramienta.
Finalmente, el sanrafaelino aceptó un juicio abreviado y fue condenado por el juez Gabriel Ravagnani a tres años de prisión en suspenso.
El antecedente del fundador de Telegram en Francia
La discusión acerca de la cooperación de Telegram con las autoridades tampoco es nueva a nivel internacional.
En agosto de 2024, Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, fue detenido en Francia en el marco de una investigación judicial relacionada con diferentes delitos presuntamente cometidos utilizando la plataforma.
Posteriormente fue sometido a una investigación judicial formal que incluyó, entre otros aspectos, sospechas vinculadas con la utilización de Telegram para la distribución de imágenes de abuso sexual infantil y cuestionamientos por la presunta falta de colaboración con requerimientos de las autoridades francesas.
El caso generó entonces una discusión internacional sobre cuál debe ser el grado de responsabilidad y colaboración exigible a las grandes plataformas cuando sus servicios son utilizados para cometer delitos.
Telegram modificó posteriormente sus políticas y actualmente contempla la posibilidad de entregar direcciones IP y números telefónicos ante órdenes judiciales válidas relacionadas con actividades criminales que vulneren sus términos de servicio.
La problemática continúa siendo objeto de análisis internacional. En abril de este año, el organismo regulador británico Ofcom abrió una investigación formal para determinar si Telegram cumple con las obligaciones establecidas por la legislación del Reino Unido para prevenir y reducir el riesgo de circulación de material de abuso sexual infantil en su servicio.
Borrar el contenido o llegar hasta quien está detrás
El debate que dejó planteado el caso Bandiera adquiere así una dimensión más amplia.
Eliminar material de abuso sexual infantil resulta indispensable para evitar que continúe circulando y que las víctimas vuelvan a ser vulneradas cada vez que esas imágenes o videos son compartidos. Sin embargo, para los investigadores existe un segundo objetivo: identificar a quienes buscan, poseen, intercambian o distribuyen esos archivos.
Allí radica la diferencia entre interrumpir una actividad dentro de una plataforma y aportar elementos para una investigación penal.
Una cuenta puede cerrarse y un grupo puede desaparecer. Pero detrás de ellos permanece una persona que eventualmente puede crear una nueva identidad digital. En el caso Bandiera, por ejemplo, los investigadores llegaron a detectar 79 perfiles diferentes.
“Le dan de baja uno y puede abrir otro. Cierran un grupo y pueden aparecer nuevos”, resumió la fuente judicial consultada, al explicar por qué considera determinante que la detección de MASNA no culmine únicamente con una medida interna de moderación.
La respuesta enviada por Telegram constituye una explicación concreta sobre los mecanismos que la compañía asegura utilizar para combatir este tipo de contenidos y las cifras muestran una actividad de moderación de enormes dimensiones.
Pero, al mismo tiempo, deja planteada una segunda pregunta que Diario San Rafael trasladará a la compañía: cuando Telegram detecta por sus propios medios que un usuario posee o distribuye material de abuso sexual infantil, además de eliminarlo, ¿reporta a esa persona y la información disponible sobre su actividad ante organismos especializados o autoridades judiciales?
La respuesta a esa pregunta puede ser tan importante como saber cuántos grupos fueron eliminados.
