La justicia de San Rafael dictó este lunes una resolución central en la causa que investiga el presunto homicidio de Clara Rosario Rodríguez (74), ocurrido tras un asalto en su vivienda ubicada en las inmediaciones de la esquina de calles Lavalle y Salta. En una audiencia de medidas de coerción, el juez de garantías Jorge Fonseca dispuso la prisión preventiva para Jon Franco Aksenen, mientras que otorgó la libertad a Gabriela Vanesa Ortiz Bravo, quien continuará vinculada al proceso.
El magistrado consideró que existen elementos probatorios suficientes para mantener a Aksenen en detención efectiva debido a su perfil criminal y el riesgo procesal existente. El imputado cuenta con un extenso prontuario que lo señala como un reincidente peligroso, destacándose entre sus antecedentes una fuga que protagonizó mientras se encontraba internado en el hospital Schestakow. Con esta decisión, Aksenen permanecerá alojado en la unidad penitenciaria local bajo la imputación de homicidio en ocasión de robo, delito previsto en el artículo 165 del Código Penal que contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión.
Por el contrario, la situación de Gabriela Vanesa Ortiz Bravo experimentó un cambio de rumbo tras el análisis de las pruebas por parte del juez Fonseca. El magistrado determinó que la mujer podrá recuperar su libertad, al no encontrar motivos suficientes en esta instancia para sostener la prisión preventiva que había solicitado inicialmente la fiscalía. No obstante, su imputación bajo la misma figura penal se mantiene vigente mientras avanza la etapa de instrucción liderada por el fiscal Javier Giaroli.
El hecho que originó la causa ocurrió en los últimos días de noviembre, cuando la víctima sufrió -según el informe pericial- una descompensación cardíaca fatal como consecuencia de la violenta intrusión en su domicilio. La hipótesis fiscal sostiene que la muerte de Rodríguez fue un resultado directo del accionar delictivo destinado al robo. Con las definiciones judiciales de hoy, la investigación se encamina hacia la recolección final de pruebas para elevar el expediente a juicio, donde un tribunal popular podría determinar la responsabilidad definitiva de los acusados por la muerte de la septuagenaria.
