El paso de medio siglo sobre un acontecimiento histórico suele otorgar la perspectiva necesaria para transformar el dolor en aprendizaje y el trauma en cimiento institucional. Sin embargo, al cumplirse hoy cincuenta años del quiebre institucional del 24 de marzo de 1976, la efeméride nos encuentra en un escenario de inquietante ambigüedad. Lo que durante décadas pareció un consenso inquebrantable sobre el valor de la vida y el respeto por las garantías constitucionales, hoy se ve asediado por discursos que intentan relativizar el horror y resucitar lógicas que creíamos desterradas de la conciencia colectiva.
La dictadura que comenzó hace cinco décadas no fue solo un paréntesis de violencia estatal, sino un proyecto sistemático de desarticulación del tejido social y económico del país. En aquel entonces, el silencio se impuso como norma y la supresión de la disidencia se convirtió en política de Estado. Hoy, la amenaza no proviene de las botas, sino de una marea de intolerancia que viaja por canales digitales y se instala en la retórica política, validando posturas negacionistas que pretenden reescribir la historia a fuerza de eufemismos. En un mundo que parece girar hacia el autoritarismo y el desprecio por los derechos humanos fundamentales, el ejercicio de la memoria deja de ser una mirada hacia el pasado para convertirse en una trinchera de resistencia hacia el futuro.
Este aniversario nos interpela de manera directa aquí en San Rafael. Nuestra comunidad no fue ajena a la oscuridad de aquellos años; los ecos de la represión resonaron en nuestras calles y en los rincones de nuestros distritos, dejando heridas que aún hoy, cincuenta años después, demandan verdad y justicia. La democracia no es un estado natural de las cosas ni una herencia garantizada, sino una construcción cotidiana que se debilita cuando permitimos que el odio y la exclusión ganen terreno en el debate público.
Defender la democracia en este siglo XXI implica denunciar los brotes de totalitarismo que se disfrazan de eficiencia o de libertad absoluta. Los derechos humanos no son una bandera sectorial ni un gasto administrativo; son el límite ético que nos separa de la barbarie. Frente al avance de corrientes que minimizan el terrorismo de Estado o que intentan justificar lo injustificable bajo la luz de los conflictos actuales, es imperativo reafirmar que no hay desarrollo posible sin respeto por la dignidad del otro.
Llegar a este medio siglo de historia nos obliga a renovar el compromiso con aquel «Nunca Más» que nació del juicio y la razón. La tolerancia no debe ser confundida con la pasividad ante quienes desprecian las instituciones. En un contexto global de fragmentación y desconfianza, la Argentina tiene el deber moral de sostener su bandera de Memoria, Verdad y Justicia como un faro. No se trata solo de recordar lo que pasó, sino de vigilar lo que está pasando para asegurar que las sombras del pasado no encuentren nunca más una grieta por donde filtrarse en nuestra convivencia democrática.
