La aparición de noticias y rumores sobre la comercialización de carne de burro no es un hecho pintoresco ni una curiosidad gastronómica; es el síntoma inequívoco de una sociedad que está tocando el fondo de sus posibilidades materiales. Este tipo de «alternativas» alimenticias no surgen de la innovación, sino de la urgencia de una crisis económica que, por su profundidad, empieza a perforar los límites de lo aceptable y de lo seguro. Como ha ocurrido en otros momentos oscuros de nuestra historia, cuando el acceso a la proteína básica se vuelve un lujo para las mayorías, el mercado negro y las opciones marginales ocupan el vacío que deja un Estado en retirada.
La polémica que hoy crece en la provincia esconde una realidad sanitaria que no debe soslayarse: en Mendoza no existen frigoríficos habilitados para el faenamiento de este tipo de animales. Cualquier producto derivado del burro que llegue al mostrador de una carnicería o a una góndola informal es, por definición, un producto de procedencia clandestina, carente de controles bromatológicos y sometido a condiciones de higiene dudosas. Detrás de lo que se presenta como una opción «barata» para el bolsillo, se esconde un peligro potencial para la salud pública.
Este fenómeno es el correlato exacto de una economía que ha dejado de funcionar para el ciudadano común. Cuando el salario se pulveriza frente a aumentos constantes, el consumo se desplaza hacia la precariedad. No es la primera vez que las crisis profundas traen consigo estas historias de faena furtiva y sustitución de carnes; es el ciclo repetitivo de una Argentina que no logra garantizar el plato de comida en la mesa sin que esto signifique un riesgo.
En definitiva, la venta de carne de burro es el espejo de una degradación social que debería avergonzar a la dirigencia. Mientras el debate público se pierde en tecnicismos presupuestarios, la realidad de los barrios argentinos muestra a familias enteras buscando alternativas en la marginalidad.
