El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salto de las Rosas sumó recientemente un nuevo móvil a su flota operativa. Se trata del vehículo identificado como Móvil 06, una camioneta Toyota doble cabina modelo 2008 que, si bien tiene varios años de uso, se encuentra en muy buenas condiciones. La adquisición y puesta en funcionamiento de esta unidad fue posible únicamente a través de los trabajos que la institución viene desarrollando por fuera de su labor esencial, lo que vuelve a exponer la histórica falta de apoyo económico que enfrenta el cuartel.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, el titular del cuerpo, Pablo Franciulli, explicó que “es una camioneta Toyota doble cabina, modelo 2008 obviamente, es una camioneta vieja pero en muy buenas condiciones y doble tracción”, y destacó que “tiene una versatilidad bastante importante para nuestro servicio”. La unidad fue adquirida en noviembre del año pasado, pero recién ahora pudo ser equipada y rotulada adecuadamente.
Esa demora en su preparación responde, según Franciulli, a que la institución debe afrontar todos los gastos por cuenta propia: “Recién ahora estamos pudiendo ponerla en condiciones, identificarla como corresponde, poniéndole el equipamiento de comunicaciones adecuado”, indicó. Ese proceso fue posible, además, por los recursos que genera la propia asociación a través de servicios externos. “Esto también viene producto de los servicios que está haciendo la asociación, que son no sólo de podas sino con empresas, cubriendo empresas, dando capacitaciones”, explicó, y agregó que ese tipo de actividades “nos permite nutrirnos de un recurso económico importante para poder seguir sosteniendo el servicio a la comunidad”.
La necesidad de realizar esas tareas responde a un déficit estructural: los fondos que debería garantizar el Estado para cubrir la operatividad básica del cuartel no alcanzan, o directamente no llegan. En ese sentido, Franciulli detalló que “hoy por ejemplo no sólo estamos haciendo eso sino que nos contratan las empresas, de hecho YPF, estamos cubriendo las reparaciones del oleoducto Puesto Hernández, la destilería Luján de Cuyo, es el producto de la capacidad que tenemos para dar respuesta y la llegada que tenemos hoy a las empresas”. Luego agregó: “No sé si lamentablemente tenemos que recurrir a esto para poder sostenernos, ya no es sólo financiarnos. De esos servicios salen desde el combustible que se consume hasta las reparaciones, los gastos menores y mayores, e incluso la comida de los bomberos y de la guardia”.
El impacto de esta situación excede lo operativo. Para Franciulli, existe una contradicción en la raíz del problema: “Nosotros salimos desde la sociedad para cubrir una necesidad social y esto implica cada vez mermar nuestros servicios a la sociedad para poder sostener parte de ese servicio”, manifestó, y apuntó contra los niveles políticos y administrativos que deberían garantizar el funcionamiento del sistema. “La vida en comunidad nos ha organizado a protección civil como parte de un beneficio que tiene que brindar el sistema organizado hacia la comunidad. No lo brinda, nosotros entendemos eso y seguimos buscando alternativas”, expresó.
Sin embargo, esas alternativas no son inocuas. “Las alternativas restringen nuestro servicio a la comunidad”, señaló Franciulli. Es decir, para poder garantizar un mínimo funcionamiento, el cuartel debe dejar de lado algunas de sus funciones sociales o limitar su respuesta ante emergencias. Lo explicó con un ejemplo concreto: “El beneficio hoy de que la comunidad se gratifique de ver una camioneta, implica que para poder tener esa camioneta o para poder mantenerla, que en el momento que quieran recurrir a los bomberos de Salto de las Rosas no tengamos servicio, porque están haciendo una cobertura extraordinaria”.
Franculli planteó además un diagnóstico crítico sobre la sustitución paulatina de servicios públicos por privados: “Nosotros tenemos la salud pública, vos para garantizarte un buen servicio tenés que tener una salud privada. En la policía tenés que tener la seguridad pública y vos tenés que tener un sistema de alarmas o un sistema de cobertura privado”. Y advirtió que este mecanismo genera una brecha aún mayor entre quienes tienen recursos y quienes no: “Lamentablemente vamos reemplazando las falencias del Estado de forma privada, pero es aquel que tiene los recursos y empezamos a limitar a aquel que no tiene el acceso a esos recursos, que lo hacemos cada vez más vulnerable”.
