La crisis económica y la caída de la recaudación empiezan a traducirse en decisiones cada vez más profundas dentro de los municipios mendocinos. General Alvear se convirtió ahora en una nueva muestra de esa realidad: el intendente Alejandro Molero dispuso un paquete extraordinario de austeridad que incluye congelamiento de salarios políticos, controles sobre horas extras, restricciones en ayudas económicas, reducción de la pauta publicitaria y la determinación de que los grandes eventos deberán conseguir financiamiento privado para poder realizarse.
La decisión excede, sin embargo, los límites de General Alvear. El problema de fondo es el progresivo deterioro de las cuentas municipales en un escenario económico donde las comunas reciben menos recursos y, al mismo tiempo, encuentran mayores dificultades para recaudar entre sus propios contribuyentes. Mendoza terminó el primer semestre de 2026 con una caída del 2,2% real en sus recursos respecto del mismo período del año pasado. Dentro de ese escenario, los ingresos provenientes de la coparticipación nacional retrocedieron 3,2% en términos reales, mientras que los recursos provinciales también registraron una disminución del 0,6%.
Ese achicamiento de la masa de recursos repercute inevitablemente hacia abajo. Los 18 municipios mendocinos dependen en diferente proporción de los fondos que distribuye la Provincia y, paralelamente, enfrentan otro fenómeno igualmente preocupante: cada vez son más los vecinos que, ante presupuestos familiares ajustados, priorizan el pago de alimentos y servicios básicos antes que las tasas municipales. El resultado es una pinza financiera que obliga a los intendentes a revisar gastos, ralentizar obras, limitar incorporaciones y buscar alternativas para sostener las prestaciones esenciales.
En ese contexto se inscribe la decisión adoptada por Molero. A partir de agosto quedarán congelados los salarios del intendente, secretarios, directores y asesores municipales, mientras que el Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante una propuesta para que la misma medida alcance a concejales y funcionarios políticos del cuerpo legislativo. El mensaje político resulta evidente: antes de trasladar completamente el peso del ajuste hacia otras áreas, la reducción comienza por la estructura dirigencial del Estado municipal.
También se aplicará una auditoría más rigurosa sobre horas extras y adicionales y quedarán fuertemente restringidas las ayudas económicas que otorga la comuna, que se conservarán únicamente para cuestiones vinculadas con salud o situaciones consideradas de extrema necesidad. A eso se suma un recorte y optimización de los convenios de publicidad, con la intención de que el Municipio priorice sus propias plataformas gratuitas de comunicación.
El ajuste alcanzará además a uno de los rubros que suelen demandar importantes desembolsos de las arcas comunales: los eventos públicos. La Fiesta de la Cerveza, los carnavales y el Campeonato Argentino de Motocross, entre otras actividades de gran magnitud, deberán avanzar hacia un esquema autosustentable basado en aportes privados. La premisa trazada desde el Ejecutivo alvearense es evitar que acontecimientos recreativos o turísticos comprometan fondos que, en medio de la crisis, resultan necesarios para salarios, obras y servicios básicos.
General Alvear ya venía atravesando dificultades financieras. Un relevamiento provincial realizado semanas atrás daba cuenta de que el nivel de cumplimiento de las tasas municipales apenas superaba el 30% y que la comuna había solicitado durante 2026 anticipos de coparticipación por alrededor de $700 millones destinados a diferentes compromisos e inversiones. La administración de Molero también había reducido desde 2023 su estructura política y achicado la planta municipal en aproximadamente un centenar de agentes.
Pero Alvear no es una isla. La situación se extiende prácticamente por toda Mendoza y adquiere especial relevancia en el sur provincial. San Rafael, por ejemplo, decidió estirar plazos de obras en ejecución, postergar el comienzo de nuevos proyectos y priorizar el funcionamiento de los servicios esenciales; además recurrió a financiamiento por $10.000 millones para infraestructura y la terminación del gasoducto. Malargüe, por su parte, debió solicitar adelantos de coparticipación, restringir contratos y horas extras y profundizar controles sobre sus gastos operativos.
Situaciones similares aparecen en distintas zonas de la provincia. Ciudad de Mendoza congeló salarios de funcionarios; Maipú redujo cargos políticos y gastos corrientes; Guaymallén achicó su estructura administrativa; Lavalle restringió contrataciones y San Carlos recortó contratos y adicionales. Con matices políticos, territoriales y económicos, la palabra austeridad empieza a repetirse en municipios gobernados por distintos espacios partidarios, una señal de que el problema supera las pertenencias políticas y responde a un escenario fiscal cada vez más complejo.
El desafío para los intendentes será administrar ese ajuste sin que termine trasladándose directamente a los vecinos. Un municipio puede eliminar gastos superfluos, reducir estructuras políticas, limitar eventos o revisar pauta publicitaria, pero tiene un piso debajo del cual resulta muy difícil avanzar: debe recoger residuos, mantener calles, sostener luminarias, prestar servicios, atender demandas sociales y pagar salarios todos los meses.
Por eso, las medidas anunciadas en General Alvear constituyen mucho más que una decisión administrativa de Alejandro Molero, son otra fotografía de una crisis que empieza a sentirse con fuerza en las cajas municipales de Mendoza. Cuando cae la actividad, disminuye la recaudación nacional, se achican los fondos coparticipables y además los vecinos tienen cada vez menos margen para afrontar las tasas, los intendentes quedan en la primera línea de una ecuación extremadamente difícil: recaudar menos, administrar recursos cada vez más escasos y, pese a todo, mantener funcionando la ciudad.
