El gobierno italiano comunicó ayer al Estado argentino que concede la extradición del ex capellán militar de San Rafael Franco Reverberi Boschi y que inicia el proceso para ponerlo a disposición de las autoridades de nuestro país para su traslado.
Esta decisión, informada por el Ministerio de Justicia italiano, deja firme la resolución del Tribunal de Apelaciones de Bolonia, que a comienzos de julio hizo lugar al pedido del Estado argentino para juzgar en el país a Reverberi por secuestros, tormentos y un homicidio ocurridos en San Rafael durante la última dictadura cívico-militar.
Reverberi fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael y es investigado por hechos cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Departamental”, que funcionó en la sede de los tribunales locales. Huyó del país en 2011, cuando se realizó en Mendoza el primer juicio por delitos de lesa humanidad y los testimonios de sobrevivientes y familiares comenzaron a señalar su responsabilidad.
Su extradición se logró luego de un largo proceso judicial que comenzó en 2013. En los últimos años, a instancias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Estado argentino comenzó a darle un nuevo impulso y se presentó como parte interesada del proceso.
El pasado 10 de julio, luego de haber rechazado en dos oportunidades el pedido argentino, el Tribunal de Apelaciones de Bolonia finalmente hizo lugar al reclamo y aceptó la extradición de Reverberi.
Como parte de ese proceso, el Estado argentino impulsó la modificación de la jurisprudencia de la Justicia italiana, que sólo consideraba imprescriptibles los delitos de homicidio, para incluir también las torturas como crímenes de lesa humanidad. Ese cambio permitió que el ex capellán del Ejército sea extraditado por un homicidio y también por los tormentos sufridos por 10 víctimas en el CCD “La Departamental”.
Esto tendrá además un impacto muy importante en otros casos similares, como el del exmilitar Carlos Malatto, quien reside en Italia y es requerido por la Justicia argentina por crímenes de lesa humanidad contra más de 100 personas en San Juan.
