Desde el bloque justicialista plantearon su preocupación por la falta de definición en torno a la situación del concejal libertario Martín Antolín y advirtieron que la conformación de la comisión podría derivar en nuevas demoras. Reclamaron una resolución clara y en sintonía con lo que demanda la ciudadanía.
La discusión en el Concejo Deliberante de hoy miércoles por la situación del concejal Martín Antolín, involucrado en un episodio de enorme gravedad institucional al conducir en claro estado de ebriedad (el control le arrojó que tenía 1.15 g/l de alcohol en sangre, mientras que la ley permite como máximo 0.5) abrió un nuevo capítulo político en el recinto. Desde el bloque justicialista, la concejal Pamela Torres expresó su malestar por el rechazo a la moción de privilegio impulsada por su espacio y volvió a pedir que el caso avance con una sanción disciplinaria ejemplificadora, ante lo que considera un hecho que deteriora la credibilidad de la institución.
Torres explicó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que su bancada había solicitado la moción de privilegio para que el Concejo aplicara una sanción inmediata, pero el planteo fue rechazado por no alcanzar los dos tercios necesarios. En ese sentido recordó que “solicitábamos en la moción de privilegio que presentamos, pero fue rechazada justamente porque necesita tener un sistema de votación de dos tercios”. Remarcó que ese mecanismo hubiera permitido “disponer también una sanción disciplinaria que dé una mirada sobre la conducta de todo el cuerpo”.
Al referirse al episodio que originó el pedido contra el concejal libertario Antolín, fue categórica: “Consideramos un hecho vergonzoso, que pone al Concejo Deliberante en un lugar sumamente denostado y representa una falta de respeto tremenda hacia la ciudadanía”. Por eso, desde su espacio impulsaron que el concejal fuera suspendido por treinta días sin goce de haberes. Según afirmó, “a lo que apuntábamos era a sancionarlo por un periodo de treinta días sin goce de haberes”.
En medio del debate, Torres comparó la situación con un precedente ocurrido en Guaymallén, donde el concejal Miqueas Burgoa, también de Cambia Mendoza, atravesó un proceso similar. Al respecto señaló que “al concejal Burgoa se lo termina absorbiendo sin darle una pena precisa”, y advirtió que no quieren que ocurra lo mismo en San Rafael. En ese sentido subrayó que “Antolín ha pagado la multa, ha hecho expresivas las disculpas correspondientes, pero creemos que como cuerpo tenemos que brindar respuestas más claras”.
Consultada sobre cuál hubiera sido, para ella, la medida más ejemplificadora, no dudó: “Que hubiera renunciado, entendemos que hubiera sido eso”. Recordó además que el intendente municipal Omar Félix pidió públicamente la renuncia del concejal, y aclaró que “nosotros sí acompañamos esa postura”. Sin embargo, marcó un límite jurídico: “La renuncia es una voluntad del concejal. Es un derecho de él no renunciar”.
Otro punto central del debate fue la conformación de la Comisión que deberá analizar la situación del edil. Para Torres, la iniciativa podría transformarse en un mecanismo dilatorio. Sostuvo que “va a haber una protección de Cambia Mendoza” y que lo planteado por otros bloques “discursivamente es una cosa, pero los actos son otras”. A su vez, preguntó: “¿Podemos creer realmente que buscan destituir al concejal?”.
Insistió en que los antecedentes no son alentadores, al volver a mencionar el caso de Guaymallén: “Fue exactamente lo mismo que manifestaron y sigue siendo concejal”. Por esto calificó la situación como un uso político del conflicto, al afirmar que “la hipocresía y el show mediático les sirven muchísimo a estos bloques”, lo que termina dañando “a los funcionarios que cumplimos nuestro rol con respeto a la ciudadanía y nos ponen en un lugar despreciable”.
Si bien el justicialismo acompañará la creación de la Comisión, Torres cuestionó la verdadera intención detrás del proceso: “Considero que lo que ellos manifiestan en lo verbal es totalmente en contra de lo que van a realizar”. Según expresó, existe el riesgo de “dilatar el tiempo y que pase lo mismo que con Miqueas Burgoa”. Además sostuvo que “hay un acuerdo político entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza en pos de que sea absuelto y no pase nada más”.
En cuanto al funcionamiento interno de la Comisión, la concejal justicialista explicó que el proceso incluye dictámenes en mayoría y minoría, y evaluaciones del asesor letrado. Señaló que “sí, tiene que evaluarse absolutamente todo lo que se presente por parte de descargos y demás”, aunque recordó que “la sanción ya no la podemos emitir en base a lo que el reglamento y las legislaciones nos imponen”.
Torres destacó que el justicialismo ya fijó una posición clara y espera que el procedimiento avance con la rapidez que exige la comunidad. Afirmó que “esperemos que se amolden a los tiempos que la ciudadanía reclama” y adelantó que “seguramente informaremos lo que se vaya trabajando en esta Comisión”.
Antes de despedirse, remarcó el compromiso de su bloque y la necesidad de sostener la responsabilidad institucional: “Es esencial el posicionamiento de que no puede pasar desapercibido en los concejos deliberantes, ni acá, ni en Guaymallén, ni en ningún lugar de la provincia, ni en la Argentina”. Finalmente agregó que debe condenarse “el comportamiento irregular de sus ediles representantes” y agradeció el espacio brindado para explicar su postura.
Diario San Rafael y Fm Vos 94.5 se intentaron comunicar con Antolín para que expusiera su verdad pero no quiso aceptar la oportunidad.
