En horas de la tarde del sábado, se realizó un brindis en la terminal de Eugenio Bustos, San Carlos, que va más allá de la mera celebración de un aniversario, ya que aquellos que se dieron cita en la terminal de Eugenio Bustos, General Alvear, se conmemoró la promulgación de la Ley 7.722, un hito que marcó un antes y un después en la relación de la provincia con la actividad minera. Pero, más allá de las festividades, Alberto Kobayashi, gerente de la Asamblea del Pueblo, marcó un pantallazo de la situación actual.
“Es fundamental destacar, aprovechando este aniversario, tres conceptos importantes hoy en estos momentos”, detalló el directivo y agregó: “Primero, la Ley 7.722 no es una ley antiminera. La Corte Suprema de Justicia la ratificó en 2015, subrayando su constitucionalidad y su propósito de proteger el ambiente y el agua de la contaminación en los procesos de extracción minera”.
Han pasado más de 18 años desde la aprobación de esta ley en 2007 y Kobayashi invitó a reflexionar sobre el contexto actual, un escenario que va más allá de lo político y económico, abarcando la emergencia climática que afecta a nivel global. “Estamos atravesando tiempos extraordinarios, marcados por una emergencia sistemática sin precedentes en la historia del mundo. El IPCC, organismo de las Naciones Unidas, pronosticó un aumento prolongado de escasez hídrica en la región de Cuyo, tanto del lado argentino como chileno, debido a la restricción de la disponibilidad del agua”.
En este contexto, cobra vital importancia otro concepto que Kobayashi destacó con énfasis: la Ley Provincial del Agua. Esta ley, datada en 1884, ha sido la columna vertebral del modelo mendocino durante más de 100 años, permitiendo una matriz productiva sustentable que ha sobrevivido a los cambios y desafíos. “La producción de alimentos, clave en el futuro internacional, se sustenta en la disponibilidad de agua dulce. En nuestra región, los ríos mendocinos, alimentados por glaciares y nieves de la cordillera, están en proceso de retroceso. Esto se traduce en menos agua para el riego, afectando directamente nuestra capacidad productiva”.
“Es fundamental tener en cuenta que el agua disponible de todas las cuencas hídricas de Mendoza no será para todas las actividades productivas, incluyendo la actividad extractiva minera”, advierte Kobayashi. “La visión estratégica y política desde el gobierno debe dar prioridad, según la ley de aguas, al consumo humano y al riego agrícola. El agua disponible no alcanzará para dos modelos productivos simultáneos, por lo que es esencial respetar las propiedades establecidas en la ley provincial del agua”.
El brindis, que reunió a todas las asambleas por el agua de la provincia, buscó recordar la movilización que condujo a la recuperación de la Ley 7.722. “Demostramos a las grandes corporaciones mineras que en Mendoza no hay licencia social para la actividad extractiva. Este es un aspecto clave de la cultura mendocina, que abraza un modelo de producción sostenible, centrado en el turismo, la horticultura, la viticultura y la fruticultura. Queremos que este modelo perdure y se fortalezca”.
